El Consejo Rector de À Punt, el órgano de administración de la radiotelevisión pública valenciana, mantuvo este jueves una reunión en la que decidió por mayoría que la cadena no emitirá de forma gratuita la campaña publicitaria de la consulta sobre la lengua en los centros escolares de la Comunitat Valenciana.
Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes del organismo. En la cita, los consejeros elegidos durante el Gobierno autonómico de Ximo Puig (PSPV- PSOE), debían votar si consideraban de "interés general" la campaña.
Se trata de la consulta que ha lanzado la Generalitat de Carlos Mazón (PP) para informar a las familias de esta suerte de proceso electoral que tendrá lugar en colegios e institutos públicos y concertados de la autonomía.
Un sufragio convocado entre el 25 de febrero y 4 de marzo, ambos inclusive, en el que los padres están llamados a votar para elegir en qué lengua quieren que estudien sus hijos el próximo curso: valenciano o castellano.
Con la intención de que el proceso logre una alta participación, el Gobierno valenciano puso en marcha una campaña publicitaria el pasado lunes. No en vano, en el Consell anhelan que al menos un 60% de los padres voten, según reconoció el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en una entrevista de EL ESPAÑOL.
Con este telón de fondo, el máximo órgano de dirección de À Punt debía decidir este jueves si la emisión de este spot será gratuita o si, por el contrario, no lo considera de "interés general" y reclama a la Generalitat que pague por su difusión.
Salvo uno de sus integrantes, todos los miembros del Consejo consideraron que esta no se trata de una campaña de "interés general" y, por tanto, pedirán a la Administración autonómica que pague por insertarla en su programación.
En realidad, la campaña ya se está emitiendo en la cadena. El dilema, según trasladan fuentes de la entidad a este diario, surgirá cuando el ente público reclame a la Generalitat el abono de la cuantía correspondiente por haber difundido la campaña.
"Ahí tendrán un problema, porque no lo van a querer pagar", explican las fuentes consultadas a EL ESPAÑOL.
El lío de las sociedades
El trasfondo de la votación de este jueves es, además, un aviso a navegantes. O, más bien, al nuevo consejo de administración, que todavía no puede ejercer funciones ejecutivas en la cadena.
El pasado mes de diciembre, Les Corts Valencianes eligieron a un nuevo Consejo: siete miembros elegidos exclusivamente por PP y Vox -la oposición se negó a participar-, además de otro consejero más a propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
Sin embargo, estos ocho representantes todavía no pueden adoptar decisiones que afecten a la radiotelevisión pública porque, legalmente, son consejeros de la nueva Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA). Un ente que, en la práctica, todavía no existe.
El Consejo Rector ha aprovechado este escenario de transición para tomar esta decisión contra la campaña del nuevo Gobierno valenciano.
El Partido Popular y Vox modificaron la ley de À Punt en marzo de 2024 y, en esa reforma legal, plasmaron la fusión de las dos sociedades que integran la cadena: la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
La fusión de esas sociedades pasaría a conformar CACVSA. Pero esta unión todavía no se ha producido, entre otros motivos, por la complejidad jurídica que comporta. Principalmente, por la relación con los trabajadores y por el proceso de oposiciones que se convocó en su momento por la Societat.
Se da la situación, por tanto, de que existe un renovado Consejo de Administración que todavía no ejerce como tal. Mientras tanto, el Consejo Rector saliente se mantiene como máximo órgano de decisión de la cadena.
Los consejeros de este fueron elegidos en la legislatura del Botànic -nombre que recibe el Gobierno de coalición de Ximo Puig- por Les Corts Valencianes a propuesta de PP, Compromís, PSPV, Podemos, el Consejo del Audiovisual y el Consejo de la Ciudadanía.