Reunión de un Cecopi tras la dana. Carlos Luján / Europa Press
¿Qué dijeron los técnicos y qué ordenaron los políticos en la dana? Las versiones del Cecopi vaticinan un choque judicial
Los testimonios en sede judicial sobre las responsabilidades del 29O evidenciarán las responsabilidades de cargos y funcionarios.
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Cada minuto de la reunión del centro que coordina las Emergencias de la Generalitat (Cecopi) que se celebró el día de la fatídica dana del 29 de octubre deberá ser analizado minuciosamente por el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, encargado de la causa.
Y uno de los momentos clave del procedimiento, como es lógico, será el de las declaraciones de los participantes ante la magistrada.
En esos testimonios, las estrategias judiciales de los técnicos y los políticos serán probablemente dispares, por lo que las versiones de cada uno de ellos resultarán fundamentales.
Hasta la fecha, los políticos han argumentado que su toma de decisiones en el envío de la alerta se basó en las recomendaciones de los técnicos. Pero los técnicos prácticamente no han abierto la boca en público. De ahí que sea fundamental lo que afirmen en sede judicial.
Por el momento, la juez está recopilando toda la documentación: quién forma parte del Cecopi, las personas que se encontraban presentes de manera presencial y telemática, todo lo que ocurrió cronológicamente, la información de la que se disponía para la toma de decisiones, etc.
La causa se centra en los posibles delitos de homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave porque, bajo el punto de vista de la la magistrada, los fallecimientos de las 227 personas se produjeron por una actuación negligente, tal como ha explicado en sus autos.
En su opinión, el envío de la famosa alerta masiva a los móviles fue "manifiestamente tardío y erróneo en su contenido" y por este motivo, cree, se multiplicaron las muertes.
De ahí que trate de averiguar por qué el ES-Alert no se envió antes y quién tenía la responsabilidad para decidir sobre ello.
El aviso sobre el Poyo
La Generalitat ha reiterado en innumerables ocasiones que mandó la alerta porque temía la rotura de la presa de Forata y no por la crecida del barranco del Poyo, de la que, señala, nunca tuvo información.
Y dentro del PP, aunque no se dice en alto, existe la opinión de que los técnicos nunca supieron de la gravedad de lo que estaba ocurriendo y por tanto no informaron en consonancia.
Pero otras fuentes apuntan a que determinados técnicos sí que avisaron horas antes del envío del mensaje del riesgo del Poyo. Algo que, en cualquier caso, se tendrá que dirimir en sede judicial.
Miembros del Cecopi, tras la dana. Jorge Gil / Europa Press
Bien es sabido que una cosa son las declaraciones o estrategias públicas y otras las judiciales. Pero la cosa se pone seria cuando llega el momento de declarar ante un juez.
El clásico "enfrentamiento" entre técnicos y políticos en los procedimientos -hay multitud de ejemplos en casos de corrupción- tiene sus particularidades en la causa de la dana.
Los miembros del Cecopi son numerosos -alrededor de una treintena- y existe multitud de información, por lo que la situación se convierte, en cierto modo, en incontrolable.
Si los políticos -como la exconsellera de Justicia Salomé Pradas- se escudan en los técnicos, habrá que comprobar qué estrategia judicial siguen estos últimos.
Por ejemplo, un testimonio clave será el del subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, de quien algunas fuentes señalan que puso encima de la mesa la posibilidad de usar el sistema Es-Alert.
Además, queda una cuestión en el aire. La Generalitat ha informado a la juez de que la reunión del Cecopi no se grabó. Pero, ¿alguien tiene la grabación? ¿podría ésta acabar aportada a la causa? Interrogantes que se irán resolviendo con el avance de la instrucción.
