Funcionarios de la administración atienden a varios ciudadanos. EE
El Gobierno de Mazón elimina toda mención al requisito del valenciano para acceder a la función pública
El Consell introduce una disposición derogatoria en la ley de función pública valenciana de Ximo Puig que aprobó el tripartito de izquierdas.
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El Gobierno valenciano aprobó esta semana el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2025, así como la Ley de Medidas Fiscales del mismo ejercicio, más conocida como la Ley de Acompañamiento.
Unas normas que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha negociado con Vox para garantizarse su apoyo, que resulta clave para poder sacarlas adelante en el Parlamento.
La primera de las leyes recoge algunas de las exigencias que pedían los voxistas, y excluye otras, obligando a una negociación posterior durante el trámite en Les Corts. La segunda contempla cambios significativos en normas que en su día impulsó el Botànic, el tripartito conformado por PSPV, Compromís y Podemos.
Es el caso de la Ley de Función Pública Valenciana. En ella, el ejecutivo de Mazón ha eliminado la referencia a que el conocimiento del valenciano fuera un requisito para acceder a un puesto en la administración autonómica.
En concreto, la Ley de Acompañamiento registrada incluye una disposición derogatoria que propone la supresión del "apartado 2 de la disposición final tercera" de la Ley de Función Pública.
Este apartado obliga al Consell a aprobar un reglamento en el que determine el nivel de conocimiento de valenciano exigible en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana.
Este debería ser realizado por la Conselleria de Administración Pública, previo informe favorable del departamento de Política Lingüística (dependiente de Educación).
El nonato requisito
Ahora bien, en este punto conviene apuntar que el requisito nunca llegó a ser una realidad en la autonomía. Las discrepancias entre PSPV y Compromís durante su primer y segundo gobierno de coalición lastraron el desarrollo normativo.
Los socialistas eran favorables a que el conocimiento del valenciano fuera un mérito en un concurso de acceso al empleo público. Mientras que para la coalición, la lengua cooficial debía figurar en las oposiciones como un requisito para acceder a un puesto de funcionario.
Las negociaciones se remontan a 2016. Las diferencias en la legislatura pasada ralentizaron su periplo burocrático hasta casi la parálisis y, de hecho, la norma ni siquiera llegó a pasar por un pleno del Consell.
Tras la primera legislatura, Compromís fijó el requisito lingüístico entre las prioridades a abordar por el Consell del Botànic II, su segundo ejecutivo de coalición. Y en febrero de 2020, antes de la pandemia, los socios acordaron el redactado de la nueva Ley de Función Pública, la vigente.
En ella fijaron, en su disposición final tercera, que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, el Ejecutivo valenciano aprobaría "a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública -la que dirigía Gabriela Bravo (PSPV)-, la disposición reglamentaria" que regulara "la acreditación del nivel de los conocimientos de valenciano".
Eso sí, previamente debería contar con un informe favorable de la Dirección General de Política Lingüística que ocupa Rubén Trenzano (Compromís). El plazo de un año que se dieron se superó con creces y el diseño del requisito que contentó a ambas partes tardó en llegar.
Por un lado, la Conselleria de Educación (Compromís) redactaría el decreto de homologación. Y, por otro, los socialistas se encargarían del decreto del requisito, donde quedaría recogido el nivel de valenciano a acreditar en función de la categoría funcionarial a la que se pretendiera acceder.
Elecciones 2023
El primero se aprobó en abril de 2023, año electoral, tras recibir el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu (CJC). El segundo, sin embargo, tardó más en remitirse al órgano consultivo, no se envió hasta mayo. Y finalmente no llegó a aprobarse porque se celebraron las elecciones autonómicas.
Por tanto, en la práctica, el requisito no existía. Pero el Gobierno valenciano actual sí que quiere dar carpetazo definitivo a cualquier mención que aparezca a él en la normativa autonómica. Y, por ello, plantean ahora la disposición derogatoria de este apartado de la ley. Una cuestión en la que hallarán el apoyo de Vox.
