Carlos Mazón y Susana Camarero, en Las Cortes Valencianas. Rober Solsona / Europa Press
El Gobierno de Mazón recurrirá ante el Constitucional el reparto de menores migrantes de Sánchez: "Es una injerencia"
El Ejecutivo valenciano traslada al central que el sistema de protección de la Comunitat Valenciana "no tiene capacidad" para acoger a menores porque atiende ya a 490.
La posición de la Generalitat se enmarca en el pacto de presupuestos con Vox, que pedía una mayor dureza en esta materia.
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El Gobierno valenciano que dirige Carlos Mazón ha iniciado los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto del Gobierno central del pasado 18 de marzo para el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas.
El pleno del Ejecutivo autonómico ha aprobado este martes la autorización a la Abogacía de la Generalitat, según ha explicado en la rueda de prensa posterior la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero.
La dirigente ha manifestado que la norma que establece los criterios para redistribuir a menores extranjeros no acompañados "supone una clara injerencia en las competencias propias de la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores sobre las que ostenta competencias exclusivas".
Así, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez establece "de forma unilateral" unos criterios "que no han sido previamente debatidos, ni acordados, ni negociados" con las autonomías en la Conferencia Sectorial.
A su juicio, esto lleva a "una clara imposición, conculcando los principios de autonomía financiera de las comunidades autónomas, de cooperación y de lealtad constitucional".
Camarero ha expuesto que el sistema de protección en la Comunitat Valenciana "sigue tensionado debido a la llegada constante de menores". El año pasado, ha destacado, fueron 900 los atendidos.
Estos menores, ha explicado, entraron y salieron del sistema, por lo que de forma estable hay cerca de 490 menores atendidos a la vez en los recursos en un sistema de atención que cuenta con 317 plazas.
490 menores atendidos
"Contamos en este momento con una ocupación del 160% en nuestros recursos. Todo ello hace que nuestro sistema de protección no tenga capacidad para acoger a los menores que el Gobierno de la Nación pretende trasladar de forma irresponsable", ha añadido.
Camarero ha señalado además que ha trasladado la cifra de las 900 atenciones y de la ocupación al Gobierno central, en su requerimiento para que las CCAA informasen de cuántos niños podían acoger.
"Contamos en este momento con una ocupación del 160% en nuestros recursos. Todo ello hace que nuestro sistema de protección no tenga capacidad para acoger a los menores que el Gobierno de la Nación pretende trasladar de forma irresponsable", ha señalado.
Pacto con Vox
La decisión de Mazón verbalizada por Camarero se trata de un posicionamiento relevante de la Generalitat porque se enmarca en el pacto de Presupuestos con Vox.
Ambos partidos llegaron a un acuerdo para tramitar y sacar adelante las cuentas de 2025 con determinadas cesiones del PP en algunos asuntos, especialmente a nivel discursivo.
Dos de los ejes eran la inmigración y las políticas verdes. El propio Mazón asumió algunos de los postulados de Vox en estas materias el día que salió a anunciar el entendimiento.
Así, consideró que la Comunitat Valenciana tiene "un problema" con la inmigración ilegal y se comprometió a agilizar expulsiones de inmigrantes ilegales. En este mismo sentido, denunció la saturación de los centros de menores y señaló que no aceptarán el reparto de Pedro Sánchez entre autonomías.
Dado que en materia de inmigración las comunidades autónomas tienen competencias limitadas, estas posiciones no se pueden trasladar a partidas concretas de los presupuestos.
De ahí que la estrategia se haya trasladado al discurso públlico desde el Gobierno autonómico y al posicionamiento institucional de la propia Generalitat. Todo ello se traduce en el citado recurso de inconstitucionalidad. Un paso más que les asegura el apoyo de Vox a los presupuestos.
