La reforma del sistema de financiación autonómica, que se encuentra caducado desde 2014 y genera grandes desigualdades en el reparto de los fondos a las autonomías, ni siquiera se encuentra en el orden del día del primer Consejo de Política Fiscal y Financiera de la legislatura.
Así lo pudieron constatar este jueves los responsables autonómicos invitados al cónclave por parte del Ministerio de Hacienda que dirige la socialista María Jesús Montero.
Hace justo dos años, a las puertas de este mismo puente de diciembre, fue la propia ministra quien anunció el impulso de un nuevo sistema de reparto basándose en el criterio de 'población ajustada'.
El mismo, sin embargo, nunca llegó a ver la luz. Y su ausencia mantiene a comunidades como la valenciana, Andalucía o Murcia a la cola en financiación por habitante, por debajo de la media estatal y muy lejos de las mejor tratadas con el actual criterio de reparto, tal y como reconoce el propio Ejecutivo central.
Pese a la gravedad de la situación y a que ya casi se cumple una década desde que el sistema de reparto debió ser revisado, la cuestión ni siquiera aparece en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que tantas veces se ha abordado.
A petición de Compromís, el PSOE, en su acuerdo de investidura con Sumar, volvió a prometer el fin de la infrafinanciación valenciana, aunque sin dar plazos ni compensar a la Generalitat por la falta de fondos sufrida durante los últimos años.
La promesa, por vaga y por haber sido tantas veces incumplida desde que Pedro Sánchez llegó en 2018 a la Presidencia del Gobierno, ha extendido el pesimismo en la Comunitat Valenciana. Y más desde que el Ministerio de Hacienda comenzó a deslizar que la reforma de la financiación llevará aparejada una armonización fiscal.
Las comunidades gobernadas por el PP, formación que ganó las elecciones autonómicas con un programa basado en la reducción de impuestos, no están dispuestas a que ahora, cuando pueden aplicar su política fiscal, sea el Gobierno de España el que la fije desde la Moncloa. Tanto es así que la Generalitat de Mazón sopesa llevar a los tribunales la armonización fiscal si esta se produce.
Carta a Montero
El pasado septiembre, a los pocos meses de acceder al poder, el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón (PP) trasladó por carta a Montero su "preocupación por la falta de avances en la reforma del actual Sistema de Financiación Autonómico".
"Cabe recordar que la infrafinanciación sistemática que viene padeciendo la Comunitat Valenciana supone, de facto, asumir un déficit estructural primario que genera un fuerte deterioro de nuestras finanzas públicas", reclamó el Ejecutivo del PP.
Agregó que el mismo "contribuye a alcanzar un nivel de deuda, medido en términos de PIB, que casi duplica el nivel del conjunto de las Comunidades Autónomas y que está muy por encima del límite establecido en la LOEPSF para las Comunidades". La Comunitat Valenciana. Debe 57.246 millones, el 43,5% del PIB.
Carlos Mazón y Ruth Merino.
La autonomía de Mazón, armada con estos argumentos, se mostró categórica. "En definitiva, la Comunitat Valenciana necesita una solución a la injusticia histórica que representa el Sistema de Financiación Autonómico vigente, por lo que le urgimos a reactivar de inmediato los trabajos para la reforma del actual sistema de financiación autonómica", aseveró.
"Mientras tanto -agregó-, resulta esencial articular un mecanismo transitorio para corregir los déficits de financiación por habitante ajustado respecto a la media de las CCAA y garantizar la llegada de recursos suficientes a la Comunitat Valenciana con el objetivo de aproximarla a la financiación media mientras culmina la reforma pendiente de la Ley de Financiación de las CCAA".
El Gobierno central no respondió a la Comunitat. Ni siquiera el PSOE atendió su petición de una quita en el pacto de investidura alcanzado con Sumar, donde solo promete, sin precisar plazos, abordar la reforma del sistema.