Las Cortes Valencianas han dado luz verde, gracias a los votos a favor del PP y Vox, la primera Ley de Acompañamiento de Carlos Mazón que introduce incentivos y deducciones fiscales para los gastos relacionados con la salud y el bienestar, como el dentista o el oculista.

Además, también regula una serie de incentivos para garantizar el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes.

Concretamente, se trata de una reducción del 30% para gastos vinculados a la salud bucodental, otro 30% para los relacionados con los cristales graduados y lentes de contacto y otro 30% para la salud mental.

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Para los gastos por enfermedades raras, se ha aprobado un ahorro de 100 euros. La misma cifra para las dolencias de daño cerebral o alzhéimer. Estas deducciones podrán aumentarse hasta los 150 euros para familias numerosas o monoparentales.

A estas rebajas, hay que sumarle otra del 30% para los gastos asociados a la práctica deportiva.

Este paquete de rebajas fiscales beneficiará a las rentas individuales de menos de 32.000 euros o las conjuntas de 48.000 euros. Todas ellas tendrán efecto retroactivo desde 1 de enero de 2023 y serán acumulables entre sí.

Según datos del Gobierno valenciano, está previsto que puedan acogerse a una o a varias de estas medidas casi el 90% de los declarantes. Se prevé un ahorro para el conjunto de contribuyentes de 180 millones de euros. 

Deducciones para la vivienda

La Ley de Medidas Fiscales y Financieras también contempla reducciones relacionadas con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, para la adquisición de vivienda habitual.

Un tipo superreducido del 6% para la compra de una vivienda cuyo precio sea inferior a 180.000 euros para todos los jóvenes menores de 35 años. Ese mismo tipo para la vivienda habitual de protección oficial, que se reduce hasta el 3 por ciento para las familias numerosas, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género.

Durante el debate parlamentario de este martes, los grupos parlamentarios que sustentan al Consell, es decir, el PP y Vox, reivindicaron que esta ley "acaba con el infierno fiscal" de la Comunitat Valenciana. 

Cambios en educación

En materia lingüística, con esta ley se elimina la obligación de que los alumnos de las zonas castellanohablantes cursen en valenciano asignaturas troncales.

El cambio afectará a los alumnos de Educación Infantil, Primaria, Eso, Bachillerato y Formación Profesional, de los centros públicos y privados, y se pondrá en marcha el próximo curso, el de 2024-2025.

Serán los propios centros los que tendrán que decidir si mantienen la aplicación de sus proyectos lingüísticos vigentes o si los modifican para que las materias que se estaban impartiendo en valenciano empiecen a darse en castellano, a propuesta del consejo escolar. En este supuesto, el alumnado tendrá que cursar como "mínimo indispensable" la asignatura de valenciano.

Además, también se suprime la Oficina de Derechos Lingüísticos y del Consell Social de les Llengües.

Además, en el trámite de enmiendas se ha incluido, a propuesta de Compromís, la creación de un Tribunal Administrativo de contratos públicos como órgano especializado en la revisión de estas contrataciones.

Finalmente, se ha modificado la ley autonómica del juego para que los salones de juego y locales de apuestas que tengan ya licencia, a la hora de renovarla no se les aplique la nueva norma de guardar una distancia de 850 metros con centros escolares, que sí deben cumplir las nuevas autorizaciones.