CaixaBank y Sabadell trasladan a Mazón que mantendrán sus sedes en Valencia y Alicante

Las dos entidades financieras, preguntadas al respecto por este periódico, guardaron silencio este miércoles, y se remitieron a las manifestaciones más recientes realizadas al respecto. Las dos compañías llevan años reiterando que la vuelta a Cataluña no se encuentra entre sus planes, y rehúsan a valorar la propuesta de Junts de multar a las empresas que no regresen, tal y como anhelan los independentistas.

En el caso de CaixaBank, el asunto es todavía más complejo, porque el actual banco no es el mismo que se marchó. En marzo de 2021 se produjo la fusión del histórico banco catalán con Bankia, que era a su vez la fusión de Caja Madrid con la valenciana Bancaja. La antigua CaixaBank mudó su sede a Valencia por el Procés, pero Bankia fue fundada en la ciudad del Turia. De igual manera, la entidad resultante de la gran fusión se fundó en la capital valenciana.

[Mazón cifra en 974 las "empresas valencianas" que sufrirían las multas de Junts por no regresar a Cataluña]

"No es por un tema de seguridad jurídica, sino por decisión del consejo", manifestó José Ignacio Goirigolzarri en la última junta general de accionistas, celebrada en febrero de 2023. Recordó entonces que la nueva CaixaBank, fundada en Valencia, tiene "vocación de permanencia". Mazón usó precisamente esa palabra este miércoles: permanencia.

Banco Sabadell, por su parte, escogió Alicante por tratarse de la histórica sede de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidad que se adjudicó durante la crisis financiera de 2011. Desde 2017 siempre ha reiterado su voluntad de mantener en la ciudad su sede social, tal y como recordó este miércoles la entidad financiera.

Fuentes del sector consultadas por El Español-Invertia trasladaron este miércoles que, lejos de suponer una amenaza real, la propuesta de Junts es la constatación de que los independentistas asumen la pérdida de estas grandes firmas. "Un partido que trabaja para recuperar grandes empresas no sale a amenazarlas. Esta actitud encaja más con un posicionamiento electoral de alguien que da esta causa por perdida", indicaron.

Carlos Mazón realizó este miércoles una reflexión similar. "El recurso a la extorsión es ya lo único que le queda al independentismo. Esto confirma su fracaso", aseveró el presidente valenciano. El dirigente cifró este miércoles en 974 las empresas "ya valencianas" que se verían afectadas por las multas que propone Junts.

Mazón advirtió al respecto que la Generalitat Valenciana presentará "un recurso de inconstitucionalidad" en caso de que esta iniciativa, la de sancionar a las que no accedan a volver, llegue a materializarse. Lo presentaría la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ya está "alertada para reaccionar de inmediato".

"Arrodillamientos"

"Como ya nos hemos acostumbrado a que Pedro Sánchez cumpla todos los arrodillamientos, tenemos las peores perspectivas", consideró. "Me estoy empezando a cansar de todo esto (...) No vamos a permitir que se extorsione o se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas, alicantinas y castellonenses", dijo.

Frente a este escenario, contrapuso la propuesta de la Generalitat Valenciana: "un plan de estabilización y apoyo". Hizo un llamamiento a que continúen y se instalen nuevas empresas en la Comunitat aquellas firmas catalanas que "busquen un espacio de confianza, reducción administrativa, burocracia cero, bajos impuestos, un entorno amable y no de multas ni coacciones". "Aquí van a encontrar facilidades que allí no están encontrando y apoyo fiscal para generar empleo y desarrollo", aseguró.

El presidente autonómico atendió a los medios de comunicación tras la intervención de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el Nueva Economía Fórum. La primera edil también se pronunció al respecto. "Vamos a defender y a proteger a las empresas por todas las vías. Aquí tienen a la primera defensora", anunció, sin precisar si el consistorio se prepara también para recurrir esta iniciativa, en caso del que el PSOE ceda y se lleve a término. 

Para la dirigente, esta exigencia del partido independentista al Gobierno de Pedro Sánchez "es ilegal, es inconstitucional, y vulnera el derecho fundamental de los españoles y de las empresas".