El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, exhibió una cifra la semana pasada para evidenciar el éxodo empresarial por el procés desde Cataluña hacia la Comunitat Valenciana. Fueron 974 las empresas que se trasladaron, según precisó. Fuentes del Gobierno autonómico precisaron que se trata del último dato oficial ofrecido por el Registro Mercantil de las compañías acogidas desde la ofensiva independentista de 2017.
Mazón no fue más allá. Pero, para calibrar realmente el fenómeno, es necesario un segundo dato: el de las empresas que hayan recorrido el camino opuesto en el mismo periodo.
El último ejercicio completo que permite hacer la comparación entre territorios es el de 2022. Al cierre de ese año eran 968 las empresas que habían marchado desde Cataluña a la Comunitat desde 2017. En cambio, fueron 404 las que dejaron el territorio valenciano para trasladarse al vecino del norte.
Llegaron casi mil y se fueron poco más de 400. El saldo es de cerca 600 a favor en dicho periodo (564, para ser exactos). Esta es la cifra exacta de la herida empresarial del procés entre ambos territorios.
Al contemplar los datos de cada año se aprecia que el grueso del daño se produjo en 2017 y 2018. Llegaron 535 en esos dos ejercicios, en los que solo 89 marcharon de la Comunitat a Cataluña. Cundió el pánico entre los empresarios, que temían quedarse fuera de la Unión Europea en una hipotética Cataluña independiente.
Pero no fue un fenómeno acotado a los años más duros del procés. Con la única excepción de 2020, el balance desde 2019 ha seguido siendo a favor de la Comunitat, una autonomía de menor potencia económica que la catalana.
Arrebató 71 firmas en 2019, perdió 12 en 2020, ganó otras 20 en 2021 y 39 más en 2022, el último completo con registros según la información proporcionada por la Generalitat Valenciana.
La intención del Ejecutivo valenciano es que esta tendencia no solo se mantenga sino que se acentúe. Por ello, ha anunciado una nueva oficina para captar sociedades provenientes de Cataluña.
El presidente del Gobierno valenciano aseveró la semana pasada que las empresas que han llegado desde 2017 son "ya valencianas", y rechazó frontalmente las multas propuestas por Junts para las firmas que rehúsen a regresar.
Mazón advirtió al respecto que la Generalitat Valenciana presentará "un recurso de inconstitucionalidad" en caso de que esta iniciativa, la de sancionar a las que no accedan a volver, llegue a materializarse. Lo presentaría la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ya está "alertada para reaccionar de inmediato".
"Arrodillamientos"
"Como ya nos hemos acostumbrado a que Pedro Sánchez cumpla todos los arrodillamientos, tenemos las peores perspectivas", consideró. En cambio, Mazón afirmó que ha mantenido, con las principales empresas, "conversaciones muy fructíferas para su permanencia". No mencionó a ninguna, pero respondió a esta cuestión cuando fue preguntado expresamente por CaixaBank y Banco Sabadell.
"El recurso a la extorsión es ya lo único que le queda al independentismo. Esto confirma su fracaso", aseveró Carlos Mazón al respecto. "Me estoy empezando a cansar de todo esto (...) No vamos a permitir que se extorsione o se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas, alicantinas y castellonenses", dijo.
Frente a este escenario, contrapuso la propuesta de la Generalitat Valenciana: "un plan de estabilización y apoyo". Hizo un llamamiento a que continúen y se instalen nuevas empresas en la Comunitat aquellas firmas catalanas que "busquen un espacio de confianza, reducción administrativa, burocracia cero, bajos impuestos, un entorno amable y no de multas ni coacciones". "Aquí van a encontrar facilidades que allí no están encontrando y apoyo fiscal para generar empleo y desarrollo", aseguró.