Banco Santander, el banco con más clientes en el complejo residencial incendiado en Valencia, está llamando a los propietarios para comunicarles "una moratoria automática en el pago de las hipotecas". Se trata de seis meses en los que los afectados por el fuego no tendrán que pagar ni la cuota ni los intereses de la misma.
Así lo confirman a EL ESPAÑOL-Invertia tanto propietarios de las viviendas como la propia entidad financiera. "Desde el primer día, el banco se ha puesto en contacto con los clientes para informarles de esta medida", expone Santander.
Se trata de la entidad con más clientes en el inmueble de 138 viviendas (más de 50, según detalla) porque heredó el negocio de Banco Popular. La extinta firma fue la que se quedó y comercializó los pisos a través de la inmobiliaria Aliseda tras la quiebra de la promotora del complejo, Fbex.
En la misma línea, el grupo ha decidido "adelantar cantidades" a los clientes que tienen contratados seguros con la entidad. Inicialmente, brindó a todos sus asegurados 3.000 euros para los que necesitaran liquidez.
En la misma línea, se encuentra ahora tramitando el pago por adelantado de la cantidad correspondiente al contenido asegurado, a cuenta de la totalidad que les brinde finalmente -cuando se evalúe también el valor del continente-. Ya ha abonado 7 siniestros mediante esta fórmula.
La decisión de la entidad financiera supone un "alivio inmediato", según los propietarios consultados, mientras acceden a las ayudas articuladas por el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España.
Sobre estas últimas, el grueso de los propietarios consultados celebra la celeridad y las medidas puestas en marcha.
Visita de los Reyes al complejo incendiado. CR
Algunos, en cambio, cuestionan que no haya cantidades específicas para propietarios que no vivieran en el inmueble siniestrado, al considerarse tanto o más perjudicados que los inquilinos que sí disfrutarán de las mismas sin haber perdido su propiedad.
Como informó este martes EL ESPAÑOL, la mayoría de los propietarios del edificio incendiado en Valencia abogan por, en caso de que lo avalen los técnicos, aprovechar la estructura y reformar el complejo residencial que ardió el pasado jueves en Valencia sin demolerlo.
Así lo pusieron de manifiesto en la junta de vecinos que tuvo lugar el pasado sábado, solo dos días después del brutal siniestro. Una amplia mayoría se mostró partidaria de esta fórmula tras escuchar las consideraciones de Guillermo Aragó, abogado asociado a Loradmi, gestor de la comunidad, que acudió a asesorar a los dueños de las viviendas en las posibles implicaciones jurídicas.
A juicio de este profesional, la posible declaración de ruina del inmueble abocaría a los propietarios a una situación mucho más lesiva para sus intereses económicos. Por este motivo, la comunidad de propietarios aprobó solicitar un peritaje independiente para conocer el estado en el que se encuentra realmente la estructura de los dos grandes bloques.
Acceso permitido
El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, que investiga el incendio del barrio de Campanar autorizó este martes la entrada de los vecinos a sus pisos y al aparcamiento para la retirada de enseres personales y los vehículos estacionados, respectivamente.
El magistrado tomó esta decisión después de que la Policía Nacional le haya comunicado que esta medida no afecta a la investigación sobre el siniestro.
En cualquier caso, dicha autorización excluye expresamente al piso 86 del bloque de 14 plantas donde se originaron las llamas, en el que se centran las pesquisas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).
Por otro lado, el instructor ha recibido ya el resultado de los análisis de laboratorio realizado por la Policía Científica para la identificación completa de las diez víctimas mortales y ha dado traslado del mismo al Instituto de Medicina Legal para su cotejo.
El juzgado contactará con los familiares de los fallecidos para que puedan recoger los efectos personales.
Después, autorizará la entrega de los restos mortales y la expedición de las correspondientes licencias de enterramiento e incineración para la celebración de los funerales, una vez cumplimentados todos los trámites, según ha apuntado el TSJ-CV.