El Gobierno valenciano y los agentes sociales acordaron este lunes exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez un fondo de nivelación transitorio de 1.782 millones de euros al año hasta 2027 para compensar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.
Así lo anunció este lunes la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, quien insistió en la urgencia de igualar la media de financiación de la Comunitat Valenciana con el resto de autonomías.
La cantidad que reclama el Ejecutivo valenciano como compensación hasta que se reforme el sistema de financiación autonómica, caducado desde hace diez años, surge del informe que han realizado los expertos en la materia y que fue presentado en la mesa de diálogo social.
En ella participaron el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la directora general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Inmaculada García, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez.
El encuentro se produjo después de que Merino reclamara a los expertos que actualizaran los datos sobre el modelo de financiación autonómica que convierte a la valenciana en la autonomía peor financiada.
El informe de los expertos también establece que el 78,6% de la deuda de la Comunitat Valenciana es injusta. Esto se traduce en 43.278 millones de euros del total de 55.000 millones.
Con las nuevas cifras, la consellera convocó a los grupos parlamentarios en la Comisión Mixta entre el Consell y las Cortes Valencianas, donde se logró, según subrayó, "un consenso generalizado".
Merino después de la mesa de diálogo social este lunes en el Palau de la Generalitat. EE
La consellera de Hacienda calificó la reunión de satisfactoria y destacó la unidad que existe entre la sociedad civil, los agentes sociales y los partidos políticos para reclamar una financiación justa para la Comunitat Valenciana.
Al respecto, criticó que de este consenso se haya desmarcado el Gobierno central. "Hago un llamamiento una vez más para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asuma la responsabilidad que le compete y se ponga a trabajar cuanto antes en la reforma del sistema", aseguró Merino.
En esta línea, explicó que volvió a escribirle una carta con las conclusiones de dicho informe para reivindicar este fondo de nivelación y el cambio del sistema. Pero, según criticó, no recibió ninguna respuesta. "La comunicación ha sido una vez más unilateral", aseguró.
"Los valencianos no han recibido una vez más una respuesta a una reivindicación justa apoyada en datos rigurosos y objetivos", lamentó.
Ruth Merino exigió que este fondo se incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 y defendió que los valencianos "no pueden esperar más tiempo".
Para lograr este objetivo, además, pidió el compromiso y el apoyo de la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, que además será la próxima líder del PSOE valenciano.
"Lastre"
Por su parte, la directora general de la CEV, Inmaculada García, consideró que la infrafinanciación "está suponiendo que la Comunitat Valenciana solo pueda dedicar el 7% de sus ingresos a financiar políticas activas de empleo para la competitividad de nuestras empresas".
"No podemos continuar con este lastre que está reduciendo la competitividad respecto a otras comunidades autónomas", aseveró.
Por parte de los sindicatos, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, pidió "pasos firmes" para reformar el modelo de financiación porque "ya ha llegado el momento".
Desde UGT, Ismael Sáez señaló que el fondo de nivelación supone una oportunidad para "hacer justicia a la Comunitat respecto a la infrafinanciación que padece".
Qué dice el informe
El informe de los expertos destaca que la puesta en marcha una transferencia transitoria de nivelación (TTN) para las comunidades que se sitúan por debajo de la media a la financiación promedio por habitante ajustado a competencias homogéneas lograría un doble objetivo.
En primer lugar, reduciría la infrafinanciación de aquellas autonomías con recursos por habitante ajustado inferiores a la media mientras la reforma del sistema de financiación autonómica permanezca aplazada. Y, en segundo lugar, permitiría que las importantes diferencias de financiación por habitante ajustado que existen actualmente se fueran reduciendo a lo largo del proceso de ajuste, de modo que se facilitaría la deseable reforma del sistema.
Si la transferencia se aplicara durante los cuatro años de la legislatura (2024‐27) el coste total de cada anualidad para el conjunto del fondo transitorio de nivelación –en el que participarían varias comunidades– ascendería en promedio a 6.100 millones de euros. En el caso de la Comunitat Valenciana, la anualidad promedio ascendería a 1.782 millones y en 2027 su financiación alcanzaría el 99% de la media de las comunidades.
Por lo que se refiere a la valoración de la deuda, el informe de los expertos analiza para el caso valenciano el peso de la infrafinanciación colectiva, derivada de la insuficiencia de recursos del actual modelo de financiación y que afecta en distinta media a todas las comunidades autónomas, y de la infrafinanciación relativa de la Comunitat Valenciana, que se remonta hasta 2001.
A ello se suma el coste de los intereses asociados a los niveles de deuda generados por esos dos componentes de la infrafinanciación, la general y la específica de la Comunitat Valenciana.
La conclusión de los expertos es que el peso de estos tres componentes equivale al 78% de la deuda valenciana, que en términos absolutos representa 43.000 millones de los 55.000 millones a los que asciende la deuda total de la Comunitat Valenciana.