El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, firmó este jueves con los sindicatos CSIF, UGT-PV y CCOO-PV un acuerdo en materia de función pública para la presente legislatura. El mismo prevé un calendario de negociación sobre medidas como la implantación de la jornada de 35 horas semanales y la revisión de los programas de teletrabajo.
En declaraciones a los medios difundidas por Presidencia de la Generalitat Valenciana, el mandatario expuso que la mencionada jornada semanal de 35 horas semanales "es un objetivo, está marcado como tal y hay que avanzar hacia él". Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si se materializará a corto plazo.
"Lo último que debo hacer es predisponer. Hay mucha gente que sabe de esto, que está capacitada, tanto en la administración como en los sindicatos, y lo que tenemos que hacer es dejarlos trabajar y negociar", dijo.
La hoja de ruta acordada para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y del servicio al ciudadano también contempla negociar planes para combatir la brecha salarial, de igualdad y conciliación.
Todos estos asuntos serán abordados en las diferentes mesas sectoriales. Habrá además una comisión de seguimiento general que se reunirá cada seis meses.
Mazón, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, agradeció la "responsabilidad" de todas las partes negociadoras de este acuerdo, que supondrá una "mejora sustancial" del servicio que se presta a los ciudadanos.
"Estabilidad"
Afirmó que dará "estabilidad" a los empleados públicos, al tiempo que lanzó un mensaje contra la "estigmatización" del funcionariado, muchas veces "injusta".
Los sindicatos, por su parte, se felicitaron este acuerdo para establecer las bases de negociación, con la que pretenden la "dignificación" de las personas que trabajan en los servicios públicos y una mejora de la calidad de los mismos.
Advirtieron, sin embargo, de que "no es un cheque en blanco" y que estarán vigilantes para que se cumplan los tiempos y se avance en las negociaciones. Mazón también hizo suya la misma expresión para afirmar que el acuerdo firmado "no es un cheque en blanco" para las organizaciones sindicales.