La alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado este lunes que la moratoria de licencias de apartamentos turísticos situados en comunidades de propietarios y bajos, que pretende aprobar en la ciudad, servirá para, mientras tanto, trabajar en la regulación de esta actividad, en cuestiones como que "tengan un acceso diferenciado" al resto de viviendas del edificio o que se ubiquen en determinadas plantas.
"Todo eso tenemos que regularlo", ha indicado la alcaldesa, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press antes de firmar un convenio de colaboración con la CEV. Posteriormente, en otro acto para presentar el dispositivo de playas, ha vuelto a pronunciarse al respecto.
Catalá ha "clarificado" que la suspensión de licencias planteadas "es durante un año" y que, aunque este plazo podría ser prorrogable, "entendemos que no lo será". Se trata del periodo de tiempo que se ha fijado el Ayuntamiento "para regular y dar seguridad jurídica al sector de los apartamentos turísticos".
Asimismo, ha explicado que aún se está trabajando con los técnicos en si las licencias que están en trámite se verán afectadas por la suspensión, pero ha asegurado que se cumplirá la legalidad.
Tal y como apuntó el consistorio el viernes, Catalá ha explicado que la moratoria "no afecta a los bloques completos de apartamentos turísticos, así que no tendría sentido tampoco que afectara los hoteles". "La petición del sector de que se suspendan igualmente los hoteles no cabe", ha indicado.
"El problema son las comunidades de propietarios y de vecinos que ven cómo se ubica un apartamento turístico en su comunidad y no saben si la actividad es legal o ilegal y, sobre todo, hay que regular un poco los accesos, que tenga un acceso diferenciado, que no sea el mismo acceso que el de la comunidad, que esté ubicado en determinadas plantas... todo eso tenemos que regularlo", ha expuesto.
Asimismo, ha indicado que la moratoria está planteada para toda la ciudad, puesto que en Ciutat Vella ya están suspendidas las licencias y Marítim cuenta con regulación propia.
La alcaldesa ha indicado que la problemática "viene de una situación que se ha desbocado un poco porque en el año 2018 el gobierno anterior autoriza que se ubiquen apartamentos turísticos en bajos comerciales y además no hace una ordenanza y no habilita equipos de inspección contra la actividad irregular". Esto ha generado una situación de preocupación entre los vecinos, ha lamentado.
La primera edil ha indicado que, frente a esta problemática, el consistorio ha puesto en marcha equipos de inspección, ha decretado el cierre de 160 apartamentos turísticos irregulares y va a combatir la actividad irregular.
Compromís y PSOE
Respecto a si cree que la moratoria saldrá adelante en el pleno ordinario de mayo que se celebra este martes, Catalá ha afirmado que su percepción es que tanto PSOE y Compromís "venían pidiendo esto anteriormente", por lo que le parecería "bastante incoherente que ahora dijeran que no era lo que pedían".
"También es verdad que como he visto incoherencias en otras cuestiones me puedo esperar casi todo, pero espero de verdad que tengamos un consenso en esta medida porque creo que además es una medida que busca sólo una cosa, persigue la seguridad jurídica única y exclusivamente", ha agregado.
Preguntada por si cree que Vox apoyará la medida, la alcaldesa ha señalado que están "en contacto permanente" y que durante este lunes hablarán del tema con el concejal de Urbanismo, al igual que el resto de grupos. "Yo confío siempre en el sentido común", ha dicho.
La alcaldesa ha subrayado que el turismo es "un sector fundamental en la ciudad" al que se debe proporcionar seguridad jurídica y regular, pero ha lamentado que "se está magnificando un problema" en el que "no hemos pasado de cero a cien en cuestión de tres semanas".
"Lo que perseguimos con esta moratoria es regular oportunamente este fenómeno. Lo que estamos haciendo es generar seguridad jurídica (...). Por tanto, mayor diálogo con el sector, colaboración desde luego, pero es cierto que teníamos que hacer un parón y regular correctamente este fenómeno", ha dicho.
Por otro lado, Catalá ha subrayado que los cruceros "van a venir a la ciudad" y que lo que se quiere evitar es la llegada de las llamadas "ciudades flotantes", que constituyen "una oferta de cruceros mucho más masiva" con un turista que está pocas horas en la ciudad y no genera un impacto económico "de calidad".
La alcaldesa ha precisado además que se plantea evitar su llegada a partir de 2026 porque en 2025 ya está cerrada la planificación de las compañías y ya hay fechas programadas. Además, ha explicado que ya ha hablado con la Autoridad Portuaria de Valencia para aplicar la medida.