El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado hoy la puesta en marcha del decreto ley de regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) que el Consell aprobará este viernes. Esta nueva medida comprende, entre otras novedades, la imposición de sanciones de hasta 600.000 euros y la cesión de competencias sancionadoras a los ayuntamientos locales.

Así lo han anunciado tanto el president como la Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes en un acto en el que han resaltado la "seriedad y rigurosidad" de este nuevo "modelo de turismo sostenible". Además, Mazón ha destacado que con esta medida se pretende aportar "orden, sensatez y seguridad en un sector clave para la Comunitat Valenciana como es el turismo".

El jefe del Consell ha aprovechado el acto de presentación para criticar la legislación previa. Según Mazón se caracterizaba por "el desorden, las ocurrencias y las imposiciones", y ha asegurado que ordena una actividad que no tiene "por qué ser dañina" si está bien regulada.

La principal premisa de la nueva norma se basa en la "gestión para compatibilizar el turismo", tal y como ha destacado la consellera. Con esta medida se pretende dar respuesta a una actividad que ha crecido un 160% en la Comunitat Valenciana desde 2015 y que ha ocasionado diversos problemas. 

Carlos Mazón ha resaltado que se busca "responder, desde el diálogo y el consenso, a problemas de convivencia, de reducción de la oferta de la vivienda y la economía sumergida antes de que estos sean todavía más graves". Además, ha añadido que estos problemas "no son exclusivos de la Comunitat Valenciana, ya se han visto las consecuencias en otros lugares".

Ante un conflicto que atañe a todo el territorio nacional, el president ha exigido dar una "respuesta común y unitaria". Mazón ha solicitado al Gobierno central una "conferencia sectorial de turismo que contemple la normativa europea y permita luchar contra la oferta irregular".

El jefe del Consell ha calificado de "falaz" la disputa entre hoteles y apartamentos. "Los apartamentos turísticos suponen el 1,8 % del parque inmobiliario, mientras que la vivienda vacía es el 14 %. Además, ha resaltado que forman parte de la "oferta turística de calidad" valenciana.

Con el objetivo de dar "seguridad jurídica y social, además de favorecer el turismo sostenible", las principales medidas son la renovación de licencias cada cinco años y la presentación de una declaración responsable; la autonomía los ayuntamientos de limitar el uso como alojamientos turísticos y la imposición de sanciones de hasta 100.000 euros por sanciones graves y de hasta 600.000 por sanciones muy graves.

En la Comunitat, el turismo representa el 16 % del PIB regional y el mismo porcentaje de empleo, y aporta a España el 12 % de la industria turística nacional. Además, a 15 de julio de 2024, hay registradas 105.111 viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana, un 160,4 % más que las 38.319 del año 2015.

Medidas del decreto

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha expuesto las principales medidas y novedades que contiene el decreto, entre ellas que los propietarios tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre para comunicar la referencia catastral al registro.

Los municipios tendrán potestad para decidir qué modelo de ciudad quieren y poder limitar el uso de VUT (por edificio, por zonas). Por su parte la Generalitat podrá ceder a los ayuntamientos que lo soliciten la competencia de inspección, sanción y recaudación.

Las declaraciones responsables para obtener la autorización tendrán que renovarse cada 5 años y todas las viviendas que se comercialicen tendrán que cumplir con la normativa de habitabilidad y los códigos de edificación vigentes.

Para las nuevas viviendas se incluirá en la declaración responsable que certifiquen que la comunidad de propietarios no prohíbe el establecimiento de viviendas turísticas. En los cambios de titularidad de la propiedad será obligatorio renovar la licencia. 

Montes ha resaltado que en la consecución de estos objetivos es fundamental la "transparencia y la seguridad jurídica". "La existencia de datos fiables, exactos y actualizados es esencial", ha confirmado la consellera

En cuanto a las sanciones, han incorporado dos nuevas infracciones: una grave (negativa de los propietarios a facilitar identidad de titulares o documentación) y otra muy grave (alquiler por habitaciones)

Además, se incrementa el grado de dos infracciones, ya que una leve pasa a ser grave (falta de comunicación de forma reglamentaria del cambio de titular), y una grave pasa a constituir una infracción muy grave (sobreventa de plazas e incumplimiento del régimen de reservas o cancelación).

Los propietarios de las VUT serán responsables subsidiarios de las infracciones que se cometan, y quedan prohibidos los cajetines para entrega de llaves en vías públicas o zonas comunes, con la obligación de disponer de un servicio de recepción.

Montes ha agradecido la "intensa" negociación llevada a cabo para la modificación legislativa con el acuerdo de los representantes de las principales empresas de alojamiento, de los sindicatos, y de los consumidores y usuarios, así como de los 71 municipios turísticos declarados.

Críticas de la oposición

La diputada de Compromís y portavoz de Vivienda en las Corts, Maria Josep Calabuig, ha denunciado que el nuevo decreto de regulación de viviendas de uso turístico "es una operación vacía de marketing político que no aporta soluciones al impacto negativo en el acceso a la vivienda".

Desde el partido de la oposición defienden que "no presenta medidas reales y efectivas para limitar nuevas licencias de pisos turísticos y actuar contra los alquileres turísticos ilegales". Además, resalta que la mayor autonomía municipal atiende a la voluntad del gobierno valenciano de "desentenderse de esa responsabilidad a nivel autonómico".

Según Calabuig "hacen falta medidas para frenar la especulación urbanística e inmobiliaria, y el PP ha mirado para otro lado". "Son necesarias medidas de regulación de alquiler que cambien el modelo", ha defendido la diputada de Compromís.

"El PP no quiere entender que la actividad turística no puede desarrollarse en competencia del derecho a la vivienda y mientras no se actúe en ese sentido el problema no hará más que aumentar", ha concluido Calabuig.