A mí el éxodo empresarial del procés me pilló en Vinaròs comprando un piso. Viví escenas surrealistas en el municipio, que limita al norte con Tarragona. Jorge, el director de la oficina del Banco Santander, no pudo ocultar su decepción al vernos llegar. Albergaba la esperanza de que faltáramos a la cita para estudiar una hipoteca.

Su prioridad, como la del resto de sus compañeros, era despachar con agilidad a la multitud que se agolpaba en el banco de forma sobrevenida. Decenas de empresarios y ahorradores catalanes cruzaban la 'frontera' para mantener en Europa sus sociedades y ahorros.

Aún me invade la tristeza al recordar aquellos rostros. El grueso era gente humilde, autónomos, pequeños empresarios. Hablé con varios. Recuerdo en especial a un grupo con ropa de trabajo. Venían de la notaría local Manzanares & Gallardo.

Empujaban contra su pecho las carpetas del notario como si se tratara de un tesoro. El contenido de aquellas escrituras, sin embargo, les encogía el corazón. Se lamentaban en catalán por lo que estaban haciendo.

"Lo estamos trayendo todo. No nos la podemos jugar. Tenemos trabajadores y familias que viven de la empresa", comentaban mientras aguardaban su turno. Tenían a decenas de clientes por delante y sufrían por no ser atendidos antes del cierre de la oficina.

Aquel mes de octubre de 2017 los titulares del éxodo empresarial a la Comunitat Valenciana los acapararon compañías como CaixaBank, Sabadell, Mediolanum, Divina Pastora, MRV, o Idilia Foods (productor de la Nocilla y el Cola Cao). Pero no solo las grandes dieron el paso.

fueron 8.000 las sociedades que abandonaron Cataluña por el procés. Los depósitos que migraron sumaban la friolera de 31.400 millones de euros. Muchos tenían un denominador común: actividad a ambos lados de las fronteras autonómicas. Quienes pudieron elegir, optaron por la estabilidad de la España constitucional.

El "plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años" al que se ha comprometido el PSOE con Junts es un reconocimiento implícito por parte de los segundos.

Sabe bien Carles Puigdemont que fue su procés el que provocó la migración forzosa de miles de empresas catalanas. Les pidió quedarse mientras él huía. Y el disparate lo completa ahora pidiendo que regresen justo cuando agita la inestabilidad que provocó su marcha.

Les solicita, en definitiva, que vuelvan a sufrir lo que sufrieron, y todo tras seis años en los que compañías y ahorradores han constatado que fuera de Cataluña se encuentra la paz que salieron a buscar.

La 'operación retorno' es tan absurda que solo la puede incentivar el dinero público. Yo intuyo aquí una nueva factura económica -otra más- para lograr el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez.

Sin dopaje no habrá regreso. ¿Si no lo ha habido hasta ahora, por qué debería haberlo con un independentismo crecido por las cesiones del Estado? Tampoco se puede forzar a las compañías, que ejercieron su libertad para trasladar su sede social.

Tras la amnistía, la quita injusta y la práctica creación de un cupo catalán, al resto de autonomías nos queda también por ver cómo se subvenciona a empresas para que abandonen nuestra región y regresen a la inestable Cataluña. Esa es mi apuesta.