Hace una semana me asomaba a estas mismas páginas para hablar del día contra la violencia de género. Lo hacía con la esperanza de que la cosa mejore y que el horror de la violencia machista nos diera tregua, al menos por unos días.
También lo hacía con el convencimiento de que esta semana utilizaría este espacio para hablar de cualquier otro tema, que los hay para dar y tomar. Pero mi gozo en un pozo. La actualidad es terca y se empeña en cambiar los propósitos a base de dosis de realidad. De terribles dosis difíciles de tragar.
En apenas 24 horas tras el 25-N se perpetraban tres asesinatos que no dejaban, una vez más, los pelos de punta y la indignación a flor de piel. Suma y sigue.
Pero el caso de Carabanchel, además de por el horror del asesinato de una mujer joven y su hija de cinco años, nos planteaba una nueva cuestión. O vieja, según se mire. Y las hordas mediáticas se lanzaban a buscar culpables en vez de a buscar soluciones. Como siempre.
Lo ocurrido lo ponía aparentemente fácil. E insisto en lo de aparentemente. La mujer había denunciado, tuvo una medida de protección y la misma fue desactivada por orden de un juez.
Ya tenemos todos los ingredientes para cocinar una escabechina mediática, con una víctima propiciatoria togada, que da más morbo. Pero basta escarbar un poco para saber que eso no es así y que la realidad de lo ocurrido es bien otra. Y conste desde ya que no me mueve ni una miaja de corporativismo para contar esto. Aunque haya quien piense otra cosa.
Vayamos por partes. La mujer había denunciado. El sistema Viogen daba un riesgo alto y se puso una orden de protección. Hasta ahí todo en orden. Pero después, cuando se celebró el juicio, esa misma mujer declaró que no recordaba nada, lo cual hizo que no existiera prueba para condenar y que, en virtud de la aplicación del principio de presunción de inocencia -ese que los negacionistas se obcecan en decir que no aplicamos- no quedara otra salida jurídica que la absolución.
Inmueble donde se produjo el doble crimen machista de Carabanchel.
Y, con ella, la cesación de las medidas cautelares. Porque sin un delito, en trámite o enjuiciado con condena, no hay alejamiento ni medidas en la vía judicial. Repito: en la vía judicial. Porque, aunque haya quien pretenda lo contrario, el Derecho Penal no tiene todas las respuestas.
¿Por qué digo esto? Pues porque, cuando he intentado explicarlo en redes o en medios, siempre sale alguien diciendo que podríamos haber extremado la protección, aunque la mujer no denuncie o no declare, que la consideración del riesgo nos obliga a ello.
Craso error. El riesgo es una cosa y el Derecho Penal, otra, aunque a veces anden de la mano. Podría existir en un supuesto un riesgo enorme y nunca podríamos actuar desde los juzgados hasta que se cometiera un delito. Esa es nuestra función. Son las cosas del Estado de Derecho, que tanta gente dice conocer a pies juntillas si se habla de otros temas.
¿Quiero decir con esto que estas muertes son inevitables y que no se podía hacer nada? Por supuesto que no, pero la solución no está en los juzgados si lo que buscamos es prevención.
Nosotros, en realidad, gestionamos el fracaso. Actuamos cuando todo ha fallado, cuando la educación y la prevención no han funcionado y el delito se ha cometido. Nunca antes. Y lo ideal sería que no tuviéramos que actuar porque el delito no llegara a cometerse. En los juzgados ponemos vendas en las heridas, pero no podemos hacer que las heridas no se produzcan, aunque podamos tratar de evitar la infección. Ese es nuestro papel.
Para que estas cosas no pasen tendríamos que conocer por qué esa mujer decidió no declarar, y remover los obstáculos que le llevaron a tomar esa decisión. Facilitarle asistencia psicológica y posibilidades económicas y legales para salir adelante después de la denuncia. Algo que se consigue, precisamente, con esos medios de los que muchos reniegan llamándolos “paguitas” y queriéndolos eliminar.
Tendríamos también que tomar conciencia como sociedad de que el machismo es la raíz de la violencia de género, y no se puede luchar contra ella sin erradicarlo de nuestra vida. De chistes, de canciones, de publicidad, de medios de comunicación. No podemos banalizar el tema, ni bajar la guardia. Aunque haya quienes nos llamen exageradas, amargadas y cosas peores. Y, por supuesto, tendríamos que denunciar en el caso de que conociéramos o sospecháramos de un caso de violencia de género, aunque la víctima no quiera hacerlo.
En el caso de Carabanchel hemos fallado como sociedad. Como en todas y cada una de las mujeres asesinadas. Si buscamos culpables, empecemos por ahí. Pero mejor buscar soluciones. Se lo debemos.
