Durante mi último pleno en el Ayuntamiento de Valencia pronuncié una frase escrita por un diplomático y poeta abolicionista norteamericano llamado J. Russel Lowell. Tal frase reza así: "La libertad ganada por otros no es nuestra libertad".

Cuanto más tiempo pasa, más convencido estoy de que Lowell tenía razón. En 1992, Francis Fukuyama tituló, quizá su libro más conocido, El final de la historia y el último hombre. Algunos lo interpretaron al pie de la letra -o simplemente no llegaron a leerlo- y pensaron que los ciudadanos occidentales habíamos llegado al culmen de la historia en unos países democráticos y constitucionalizados en los que el progreso económico, tecnológico y científico era más que notable. Y no les faltaban argumentos para creerlo, entonces.

El siglo XXI empezó a dar signos de que tal apreciación no era cierta, al menos en algunos planos. El terrorismo internacional se agravó desde el ataque a las Torres Gemelas en 2001, hubo una crisis económica en 2008 que duró casi una década, la tecnología y la ciencia parece que han seguido avanzando; sin embargo, los derechos y las libertades individuales son percibidas en retroceso por porciones cada vez más crecientes de la población.

A juicio de muchos, algunos de los derechos y libertades que en las últimas décadas se han visto más perjudicados son el de igualdad, el de expresión e información y la presunción de inocencia efectiva.

El derecho de igualdad por la irrupción asfixiante, sobre el tablero político y social, del fenómeno de las identidades, claramente denunciado por el mismo Fukuyama en 2019. El cual impide ver a los seres humanos como simples personas. En su lugar, los considera miembros de grupos (hombres y mujeres, blancos y no blancos, hetero y homosexuales, nacionales y migrantes). De modo que, cuando entra en juego alguna de estas dicotomías, resulta admisible (u obligatorio) el trato diferencial y discriminado.

En parte, corolario de la merma del principio de igualdad es la quiebra de la presunción de inocencia, por cuanto sobre la parte considerada "opresora" de tales dicotomías (hombres, blancos, heterosexuales y nacionales) se vierte una especie de presunción de culpa que debe expiar. Los hombres blancos, heterosexuales y nacionales deben tener mucho cuidado con lo que hacen o dicen, pues en caso contrario pueden ser culpabilizados fácilmente.

En otra ocasión escribiré más por extenso sobre otros aspectos del deterioro del principio constitucional de la presunción de inocencia (y del in dubio pro reo) que tienen que ver con el escarnio público, la muerte civil en las redes sociales y la dilación, más que indebida, de los procesos judiciales que padecen algunos personajes conocidos y ciudadanos del común, así como del abuso de las denuncias infundadas con fines políticos, matrimoniales y de otro tipo.

Libertad de expresión

Me he dejado para el final, con toda la intención, la referencia a las libertades de expresión y prensa. Ambas íntimamente conectadas en el artículo 20 de la Constitución, junto con las de libertad de cátedra y producción y creación literaria, científica y artística. Quizá sean todas estas las que mayor quebranto están sufriendo durante los últimos años. Fundamentalmente, porque muchos individuos autocensuran sus expresiones, producciones literarias, científicas y artísticas e incluso sus clases, por miedo al reproche social y a la muerte civil o profesional.

Por si no fuera suficiente, nos llega ahora la persecución de los denominados "pseudomedios" a la que aludió la señora Sandra Gómez, también en el último pleno del ayuntamiento de Valencia, siguiendo con rapidez y desmesura las órdenes de Pedro Sánchez. Después de que este último hubiese reflexionado su predeterminada no renuncia a las prebendas de presidente del Gobierno. La mera calificación de "pseudomedios" ya en sí misma es inconstitucional. Sobre ello seguiré escribiendo en sucesivas ocasiones, prometo.

Así pues, siendo la primera vez en la historia de los últimos dos siglos y medio en que se ha producido un retroceso en el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos, como decía antes, cada vez tengo menos dudas de que Lowell tenía razón.

Nuestros abuelos, padres y quienes les antecedieron tuvieron que esforzarse e incluso luchar por alcanzar una mayor cuota de libertades. La generación presente también tendrá que hacerlo (debe hacerlo), no solo por tratar de continuar, sino simplemente por defender y recuperar lo ya ganado.

De lo contrario, su vergüenza será legar a la siguiente generación una herencia política y jurídica notoriamente peor que la recibida. A los que no les importa que así suceda que no cuenten conmigo entre ellos.