La mala calidad del aire, especialmente en las zonas urbanas, es uno de los principales problemas de salud de la población europea.

Según las últimas estimaciones de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), al menos 14.000 personas fallecieron prematuramente en España en 2021 debido a la exposición a la contaminación.

A nivel municipal, contamos con una metodología y datos de la Universidad Politécnica de València capaces de medir en qué zonas de nuestra ciudad existe contaminación. El último estudio de la UPV, con más de 600 mediciones, determinó que en el año 2022 el 49% de las mediciones realizadas superaban los límites fijados de calidad del aire por la Directiva Europea.

Es decir, que la población de 34 de los 70 barrios monitorizados vive en zonas donde la calidad del aire representa un serio riesgo para la salud.

Que la calidad del aire impacta nuestra salud es un hecho que está cuantificado por la Agencia Europea del Medio Ambiente. Y que València tiene un problema de calidad del aire en una parte importante de sus barrios, también.

Ante estas dos evidencias científicas de las que se disponen datos claros y objetivos por instituciones europeas o académicas, resultaría casi evidente pensar que, por su relevancia sobre la salud, las políticas públicas del Ayuntamiento de València se encaminarían en esta dirección. Parecería razonable pensar que la alcaldesa, María José Catalá, tuviera en su agenda impulsar medidas para reducir la contaminación y evitar así problemas de salud.

No sólo sería evidente y razonable, sino que sería, simplemente, responsable. Una responsabilidad que, después ya de un año de gobierno, ha brillado por su ausencia. Especialmente en lo que respecta a las decisiones sobre movilidad en el Ayuntamiento de València. Porque, aunque a algunos partidos les cueste reconocerlo, el tráfico privado impacta de una manera importantísima en nuestra calidad del aire y en la salud. De hecho, es uno de los principales generadores de contaminación en nuestros barrios aunque el gobierno de Catalá sea incapaz de reconocerlo y prefiera negar la realidad.

El pasado miércoles fue el día mundial del medioambiente, y la alcaldesa celebraba en X (antes Twitter) que el aire de València reducía la contaminación. Lo que no explicaba es que los datos se referían a los últimos 20 años (2004-2023), antes de su llegada al Ayuntamiento. Tengo curiosidad de ver cómo celebraremos el día mundial del medioambiente el año que viene cuando los datos reflejen el incremento de tráfico que hemos visto en este inicio de 2024.

Un año trampeando

Pues bien, a pesar de la imperiosa necesidad de controlar la contaminación en la ciudad, el gobierno de la señora Catalá lleva un año trampeando con la zona de bajas emisiones.

Inicialmente, apuntaron que en esta ciudad solo se aplicaría la zona de bajas de misiones en episodios de contaminación remotos para, a continuación, negar que en la ciudad existe un problema de contaminación a pesar de los estudios de la Universidad Politècnica de València, y todo para no tener que aplicarla de manera efectiva.

Más tarde, en el pleno municipal se negaron a utilizar los datos de la UPV en el diseño de la futura zona de bajas emisiones, aunque fueran los mejores datos disponibles. Las buenas decisiones necesitan buenos datos, y rechazarlos, desemboca en lo contrario. Y demuestra cuál es la posición del gobierno municipal frente al cambio climático: simplemente negarlo.

A continuación, decidieron transformar la APR en una ZBE provisional, obviando que incumplía con los requisitos mínimos y se marcaron como objetivo tener una ordenanza de ZBE antes del 29 junio de este año, tal y como marca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. A fecha de hoy, todavía no existe siquiera un borrador a disposición pública, con lo que los plazos serán incumplidos con total seguridad.

El final de la zona de bajas emisiones en València todavía es una incógnita, aunque los hechos de este último año invitan a desconfiar que sea de verdad la herramienta para luchar contra la contaminación que necesita esta ciudad.

Si el gobierno de la señora Catalá tuviera de verdad la intención de trabajar contra la contaminación de esta ciudad, no hubiera empezado por negarla o minimizarla, habría tomado decisiones para reducir el tráfico en lugar de incrementarlo y después de un año, ya habría planteado una zona de bajas emisiones con un contenido responsable ante los retos climáticos de la ciudad.

En cambio, ha adoptado la filosofía de que, si ignoramos un problema el tiempo suficiente, tal vez desaparezca por sí solo. Una estrategia audaz, sin duda, para transformar la senda de València como Capital Verde Europea que dejamos los socialistas en la Capital de la Contaminación de Catalá.