Responsables de la riada mortal

Los familiares de los más de 200 muertos en la riada de Valencia buscan responsables. Y hacen bien. Se avisó tarde a la población del terrible desbordamiento del Barranco del Poyo y las Administraciones públicas deben responder por ello.

En su comparecencia en Les Corts Valencianes para explicar lo sucedido, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), señaló a la Confederación Hidrográfica del Júcar por no avisar a tiempo de lo que ocurría en ese barranco, habitualmente seco, que portó cinco veces el caudal del Ebro.

En EL ESPAÑOL llevamos días advirtiendo de las graves lagunas en la gestión realizada por parte de la CHJ aquel 29 de octubre. La propia institución estatal envió un comunicado el pasado 4 de noviembre en el que, tal vez sin pretenderlo, aireó su escasa comunicación a Emergencias, el organismo de la Generalitat competente para advertir a la población.

Según su propio escrito, arriba adjunto y desglosado este viernes por Mazón, no informó por correo electrónico de lo que ocurría en el fatídico Barranco del Poyo desde las 15.50 horas, cuando indicó que el caudal había bajado a 28,7 metros cúbicos por segundo, y las 18.43 horas, cuando ya era de 1.686.

Llegado ese último aviso, la fuerza del agua ya era tal que, solo doce minutos después, destruyó los sistemas de medición.

La CHJ se excusa en que, cada cinco minutos, sus datos de medición eran publicados en su página web y "podían ser consultados por todos los interesados en cualquier momento". Y es cierto que estaban disponibles.

Pero su protocolo también le obliga a comunicar vía email cada vez que la medición supera los 150 metros cúbicos. Esto empezó a ocurrir desde las 17.25, tal y como reveló este periódico. En consecuencia, la CHJ omitió 15 veces el mail obligatorio. No lo remitió hasta 78 minutos después.

Gráfico del caudal del Barranco del Poyo y de los avisos de la CHJ. EE

En esta falta de comunicación, reconocida por la CHJ en su propio escrito, se escuda la Generalitat Valenciana, que no se da por enterada de la riada hasta las 18.43 horas.

En efecto, cabe preguntarse por qué este organismo estatal no alertó no ya por mail, sino por todos los medios a su alcance, de la grave riada que estaba detectando su sensor. En su propia relación de correos parece estar la respuesta. La preocupación principal era otra: la posible rotura de la presa de la Forata por la crecida que también tuvo lugar en los ríos Magro y Júcar.

Sobre esta grave circunstancia ocurrida en el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, dependiente del ministerio de Teresa Ribera (PSOE), ningún mandatario ha asumido errores hasta la fecha.

Quien sí ha admitido equívocos, aunque repartiendo las responsabilidades, ha sido el presidente Mazón. Su Gobierno ha tardado semanas en hilvanar el relato, pero exhibe ahora argumentos convincentes contra el Ejecutivo central, que concentra la culpa en el dirigente del PP.

Sin embargo, como reconoce de forma implícita el propio mandatario autonómico con los ceses que prepara en la cúpula de Emergencias, los errores estatales no borran los de la Generalitat.

La alerta masiva a la población mediante el sistema ES-Alert, una potentísima herramienta que los valencianos hemos descubierto con esta tragedia, no se envió hasta las 20.11 horas, 88 minutos después de conocer oficialmente que el Barranco del Poyo se desbordaba.

Y se envió además por el riesgo de rotura de la presa de Forata, no por la riada que ya estaba en marcha. La Generalitat, en línea con la CHJ, se preocupó más por la presa que por el barranco.

Frustración

La alerta masiva habría llegado tardísimo, sí, pero con el agua todavía entrando en las poblaciones. En cambio, la estridente notificación simultánea llegó por radio a todos los teléfonos móviles cuando los vecinos ya no podían defenderse del agua.

Tal circunstancia generó una gran frustración y llevó a multitud de ciudadanos a responsabilizar al Ejecutivo autonómico, el competente en materia de Emergencias.

La Generalitat esgrime que, según el protocolo vigente, la ES-Alert solo está contemplada para advertir de rotura de presas o peligros nucleares. Es un argumento muy válido en términos legales. Pero lo cierto es que, desde entonces, la propia Generalitat ha enviado varias veces esa misma alerta para advertir de lluvias torrenciales e impedir desplazamientos por carretera.

También procede analizar si los técnicos de Emergencias debieron atender advertencias más allá de los avisos de la CHJ. El desbordamiento del agua era público y notorio, y así fue advertido por el grueso de los ayuntamientos afectados.

Pilar Bernabé, Carlos Mazón y Pedro Sánchez. EE

En definitiva, la CHJ incumplió su protocolo durante 78 minutos y no informó oficialmente a Emergencias del desbordamiento entre las 17.25 y las 18.43. Se perdió un tiempo precioso que pudo salvar muchas vidas.

Pero la Generalitat tampoco reaccionó con celeridad durante los 88 minutos posteriores, los que transcurrieron entre las 18.43 y las 20.11, con la riada ya desbocada. Todos los ojos miraban a la presa, que resistió, y no a un barranco de muerte y destrucción.

Al contrario que el Gobierno, la Generalitat sí ha decidido depurar responsabilidades y, tal y como informó este periódico, destituirá a la consellera titular de las competencias de Emergencias, Salomé Pradas, en el marco de una reestructuración profunda con la que Carlos Mazón quiere centrar sus esfuerzos en la reconstrucción.

Mucho antes del 29O

La rendición de cuentas, sin embargo, debe ir más allá de lo que se hizo aquel 29 de octubre, en el que las Administraciones públicas trabajaron con un protocolo que se ha demostrado completamente obsoleto para una emergencia de ese calibre.

¿Es razonable que en 2024, cumplido casi un cuarto del siglo XXI, el del big data, y la inteligencia artificial, la advertencia masiva a la población dependa de un triste medidor de la CHJ en un barranco, cuyos datos han de ser enviados por mail?

La Comunitat Valenciana cuenta con grandes compañías privadas de gestión del agua potable y de los sistemas de saneamiento, y todas ellas disponen de gemelos digitales de las grandes ciudades capaces de simular qué va a ocurrir en un punto X ante la fuga en un punto Y. Es desolador que las Administraciones públicas no hayan aplicado hasta la fecha estos sistemas predictivos.

¿Es razonable que la alerta masiva a la población dependa de que consideren o no enviarla dirigentes políticos reunidos en el ya archiconocido Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado)?

Ese botón debería estar en manos de un técnico que no necesite autorización por parte de ningún cargo electo. Diré más: incluso podría depender de la inteligencia artificial, sin intervención humana.

Vehículos arrastrados por la riada. Efe

De igual modo que existe un sinfín de aplicaciones capaces de notificarnos que se esperan lluvias en nuestro municipio, debería existir una, impulsada por la administración, que cruce las previsiones de AEMET con su posible impacto en las cuencas y nos adviertan de posibles inundaciones horas antes, o incluso días antes de que caiga la primera gota.

Todos los gobiernos recientes, autonómicos y estatales, son responsables de haber dado la espalda a soluciones tecnológicas existentes en el ámbito privado que habrían podido salvar muchas vidas. Como explicó este sábado Rafa Navarro, es absurdo solucionar las crisis del siglo XXI con las tecnologías y burocracias del siglo XX.

Y, por descontado, también son responsables de no haber materializado las infraestructuras hidráulicas, tantas veces proyectadas y desdeñadas, que habrían permitido encauzar el agua sin causar semejante destrucción a su paso. Desde 1994, han fracasado 9 proyectos para proteger a los habitantes de l'Horta Sur de crecidas del barranco del Poyo.

También sangrante es el estado en el que se encontraba el propio barranco. El Ministerio para la Transición Ecológica paró en 2021 la "adecuación y drenaje" del barranco del Poyo por "problemas ambientales" y una "visión del coste-beneficio".

De lo ocurrido, por desgracia, existen responsables tanto en la administración autonómica como en la estatal, y por decisiones adoptadas tanto el mismo 29 de octubre como varios años atrás.