Estos días, recorriendo los pueblos devastados por la DANA, me he sentido abrumada. Ver los efectos del agua y el barro sobre nuestras comunidades, sobre las vidas de tantas personas, ha sido desgarrador. Me asaltan las preguntas: ¿Cómo se recuperarán los comercios que han quedado inutilizados? ¿Qué pasa con quienes han perdido sus hogares y su movilidad? ¿Cómo van a reconstruir su estabilidad emocional todas esas familias que lo han perdido todo?
Pero, sobre todo, hay algo que me preocupa profundamente: ¿cómo podrán recuperar sus vidas los miles de niños y niñas que también lo han perdido todo? Al mirar a mis propios hijos en casa, me tiemblan hasta las manos de pensar en lo que sentiría si fueran ellos. Porque, cuando hablamos de las consecuencias de esta tragedia, no podemos olvidar que los más pequeños son los más vulnerables. Ellos no entienden de presupuestos ni de trámites burocráticos; ellos necesitan soluciones inmediatas.
Como política y como madre, llevo años actuando como defensora de los derechos de la infancia, y tengo claro que en momentos como este, la educación debe ser una prioridad absoluta.
La escuela es mucho más que un lugar de aprendizaje: es un espacio de seguridad, de juego, de socialización. El reconocido pedagogo Francesco Tonucci lo dice de manera clara: "La escuela debe ser un lugar donde los niños quieran estar". Sin embargo, la Conselleria de Educación no parece compartir esta visión.
Cuatro semanas después de la DANA, miles de alumnos y alumnas siguen sin poder volver a clase. Muchos colegios afectados por las inundaciones no han sido limpiados ni reparados. No se han contratado docentes adicionales ni se han movilizado psicólogos para ayudar a los niños a procesar lo vivido. ¿Cómo se puede justificar esta parálisis? No es tan complicado: hace falta voluntad política y priorizar lo urgente.
En cambio, lo que hemos visto son dirigentes centrados en la propaganda, como la alcaldesa de València, María José Catalá, atribuyéndose el mérito de limpiezas realizadas por familias y voluntarios.
Pero limpiar no basta: los desperfectos en los centros educativos requieren intervenciones estructurales, y para eso está el dinero público. Sin embargo, el presupuesto municipal del próximo año, -en el que la partida que más aumenta es la de publicidad institucional y propaganda- parece más orientado a alimentar la autopromoción y silenciar errores que a garantizar derechos básicos como la educación.
El caos en la respuesta institucional es evidente en todos los niveles. Mientras las ONG's han actuado con rapidez y eficacia, organizando actividades para los niños, identificando necesidades y coordinándose para cubrirlas, la administración ha dejado un vacío alarmante. Save the Children, asociaciones de tiempo libre y monitores han hecho un trabajo encomiable desde el primer día, creando espacios seguros donde los niños pueden jugar y recuperar algo de normalidad.
Por otro lado, están los problemas que afectan directamente al acceso a la educación. En las zonas más afectadas, más de 18.000 niños y niñas que contaban con beca comedor se han quedado sin una comida caliente al día. Esto es inaceptable. Las administraciones deben garantizar que los centros escolares estén habilitados para que estos niños puedan comer allí o, al menos, ofrecer alternativas inmediatas.
La situación es especialmente grave para los estudiantes de segundo de bachillerato, quienes se enfrentan a un año decisivo en sus vidas. La falta de clases pone en peligro su preparación para las pruebas de acceso a la universidad. Es incomprensible que una crisis de esta magnitud no haya llevado a la Conselleria de Educación a establecer contratos de emergencia para poner en marcha las reparaciones, instalar barracones temporales donde sea necesario y dotar a los centros de material y personal suficiente.
No estamos hablando solo de reparar paredes o limpiar barro; hablamos de garantizar el derecho a la educación y de proteger el bienestar emocional de los niños y las niñas. Necesitan profesores que les acompañen en este proceso, que puedan trabajar con grupos reducidos y dar un apoyo individualizado en las zonas más afectadas. También necesitan atención psicológica en los centros, porque el impacto de esta experiencia no desaparecerá una vez que el barro se haya ido.
Desde Compromís pedimos a los Ayuntamientos, a la Diputación y a la Generalitat que se coordinen para establecer un plan de acción inmediato. Es imprescindible identificar los centros que puedan reabrirse con reparaciones menores y priorizar estas actuaciones, al tiempo que se habilitan barracones para garantizar la continuidad educativa en los lugares donde los daños son irreparables.
Quiero también aprovechar este espacio para agradecer profundamente a los voluntarios, las asociaciones y las ONG's que han estado al pie del cañón desde el primer momento. Ellos han demostrado, una vez más, que la solidaridad de nuestra gente es inmensa. Pero no podemos dejar toda la responsabilidad en sus manos. Las instituciones públicas tienen los recursos y la obligación de actuar, y no hay excusa para no hacerlo.
Después de un mes, ¿Cuánto tiempo más van a tener que esperar los niños y las niñas afectados por la DANA? Necesitan su escuela, su espacio, su tiempo para jugar y aprender. Necesitan que recordemos que son el futuro, y que no hay futuro sin educación.
Papi Robles es portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia