El árbol que sobrevivió en el barranco del Poyo, a la altura de Paiporta. Efe / Kai Försterling
El pasado 29 de octubre el reloj se paró para muchas personas en la provincia de Valencia cuando la DANA arrasó vidas, hogares, negocios, coches y pueblos, y sepultó con el barro una situación ya de por sí precaria para muchas empresas y, especialmente para una comunidad que arrastra una complicada situación financiera.
Esos días vimos, quienes tuvimos la suerte de no vivirlo, vídeos que atestiguaron el poder destructor del agua al desbordar barrancos y cauces. Con el paso de los días empezaron a realizarse balances de los daños producidos de manera incipiente. Dos meses después, estimamos que ascienden a más de 30.000 millones solo en afectación de infraestructuras públicas y privadas.
Porque a veces se nos escapa a la comprensión este tipo de cantidades. Si esto hubiera sucedido en toda España de la misma manera, estaríamos hablando de que la destrucción ascendería a 600.000 millones de euros. Siguiendo esta lógica para entender el estropicio material, los últimos presupuestos de la Generalitat Valenciana ascendieron a 29.000 millones y los del Estado a 386.000 millones.
Virtualmente podríamos decir que en 2024 las cuentas públicas autonómicas y centrales se han esfumado con la DANA. Como dice el refrán, "a perro flaco todo son pulgas".
Y es que la Comunitat Valenciana va a sufrir para recuperarse porque ya venía con dolencias económicas previas muy agudas. Partimos de una situación en que los valencianos y valencianas tenemos una renta per cápita 17 puntos por debajo de la media española. Sí. Somos pobres. Esto lo cuentas fuera de aquí y no se lo creen. Pero esos son los datos y esa es la realidad.
A pesar de que representamos el 10,7% de la población y el 9,1% del PIB estatal, la inversión territorializada por parte del Gobierno central apenas alcanza el 6% de media en los últimos 10 años. Nunca se ha llegado al 10% que debería por representación poblacional. A lo que hay que añadir una infrafinanciación reconocida por todos y que arroja un déficit anual de 1.000 millones.
Así que aquí estamos. Pobres, con menos inversión y financiación por parte del Estado y con una cicatriz económica de 30.000 millones de euros.
Creo que ahora que el resto de España nos mira con solidaridad y cariño, es momento de que sepan que, además del daño, partimos de una situación de desequilibrio de nuestras cuentas respecto del resto de España. Es el momento de darle la vuelta a la situación y ponernos a la altura de los demás territorios y de dar un salto cualitativo. Podría ser lo único bueno de esta situación.
Juan José Enríquez es Decano del Colegio de Economistas de Valencia.