La localidad de Chiva arrasada tras la dana. Efe / Kai Försterling
Un juzgado de Catarroja asume la causa de la dana: ya ha preguntado a la Generalitat quién ordenó lanzar la alerta
Un centenar víctimas de la dana se querellaron esta semana contra el Gobierno valenciano y la Cofederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
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Un juzgado de Catarroja será el encargado de llevar a cabo todas las investigaciones sobre la dana que el pasado mes de octubre arrasó un centenar de municipios de la provincia de Valencia y que dejó 224 víctimas mortales y 3 desaparecidos.
Así ha informado el recientemente nombrado portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, Jaime Cussac, en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
"Se ha acordado que las diferentes Diligencias seguidas hasta ahora en distintos juzgados de la provincia, incluida la capital, por las consecuencias de la DANA del pasado mes de octubre se centralicen en el de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Catarroja", señala el escrito.
Actualmente, en torno a 20 juzgados tienen investigaciones abiertas por los fallecimientos de la dana. Todas esas diligencias, ahora, deberá asumirlas la juez Núria Ruiz.
La magistrada ha solicitado ya al Ministerio para la Transición Ecológica que aporte documentación sobre los embalses de Forata, Loriguilla y Buseo y el estado de sus cauces. Asimismo ha reclamado el organigrama directivo y técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Por otra parte, ha reclamado al CECOPI todas la actuaciones que llevaron a cabo entre los días 29 y 30 de octubre. Y a la Conselleria de Interior y Emergencias, que comunique quién tomó la decisión de emitir el SMS de alerta a la población, qué información tenían y desde qué momento.
Traslado provisional a Valencia
Cabe recordar que el propio juzgado de Catarroja está ahora ubicado en la propia Ciudad de la Justicia de Valencia porque fue uno de los que quedaron arrasados por las riadas.
La Conselleria de Justicia decidió trasladar provisionalmente al personal a la capital hasta acometer la rehabilitación de las instalaciones del juzgado por cuestiones de seguridad.
La Fiscalía ha anunciado, además, que se ha creado un equipo integrado por un total de cinco fiscales "que incluye especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal", con el fin de "proporcionar una respuesta coordinada desde la fiscalía y de trabajar en colaboración con dicho juzgado".
Esta semana, conviene apuntar, un centenar víctimas de la dana decidieron querellarse contra cinco ex altos cargos del Gobierno valenciano y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, Miguel Polo.
Los familiares de las víctimas solicitan la declaración en calidad de testigo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Según la denuncia presentada, si se hubieran activado a tiempo las alertas a móviles "se habría reducido la magnitud de la catástrofe".
Entre los querellados se encuentra la exconsellera de Interior y exresponsable de Emergencias, Salomé Pradas, pero también el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso, y el exdirector general de Emergencias, Alberto San Martín.
También el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias (AVSRE), Jorge Suárez; y a la jefa de Emergencias, Inmaculada Piles.
Esta querella se suma a otra que está preparando la entidad SOS Desaparecidos, que aglutina también a más de un centenar de víctimas, la mayoría familiares de las víctimas mortales.
