Nuria Martínez, 'consellera' de Justicia: "Viene una 'dana judicial'. Sánchez ha de enviar recursos para evitar el colapso"

La consellera de Justicia recibe a EL ESPAÑOL en su despacho. Miguel Bosch

Usted llega al Consell después de una crisis de gobierno por la Dana. ¿Quién le llama para ser consellera? 

Me llama una persona que conozco desde hace muchísimos años. Recuerdo que estaba a punto de entrar a dar clase en la facultad, porque yo soy profesora de Derecho de la Universidad Católica de Valencia.

Me dijo que qué me parecía si me hacía una propuesta política y le dije que yo no era de ese mundo, sino del ejercicio profesional y la universidad, pero me pidió que me lo pensara y me dijo que tenía dos horas para contestarle.

Precisamente, yo el sábado anterior había estado haciendo un voluntariado en Catarroja ayudando a gente afectada por la dana con mis alumnos. Y al recordar aquello, me vi en la obligación de decir que sí. Dar el paso para poder ayudar de alguna manera a la gente.

¿Cuáles son sus objetivos de legislatura?

Tenemos dos retos importantes. Por una parte, la herramienta de Justa, programa de gestión procesal. Va a ser un cambio de paradigma en lo que ha sido la gestión procesal de los últimos años.

Es un proyecto que arrancó en 2017, pero que estuvo en letargo un tiempo y ha habido que retomarlo. Debe estar finalizado al acabar 2025. Por otra parte, la Ley de Eficiencia Judicial, por la que desaparecen los juzgados de primera instancia, de instrucción, y ahora pasan a ser tribunales de instancia con unas secciones personalizadas.

Todo eso comporta un cambio importantísimo de lo que ha sido hasta ahora la Administración de Justicia. Supone introducir las nuevas tecnologías, modernizar el servicio público, etcétera. Para llevar a buen puerto estos retos es imporante el diálogo y consenso con todos los operadores jurídicos y agentes implicados en su implementación.

"La nueva Ley de Eficiencia Judicial no va a ser a coste cero y el Gobierno no ha dotado de recursos para poder implementarla"

¿Cómo va a afectar esa Ley de Eficiencia Judicial a su Conselleria?

Tengo una preocupación importante respecto a la ley, que nos viene dada y tenemos la obligación de implementar. Desde la Conselleria se está trabajando en evaluar cuál es el impacto económico que va tener, porque no va a ser a coste cero.

Se necesitan recursos y el Gobierno no ha hecho esa dotación para poder implementarla. La ley establece que debe haber ciertas instalaciones y, por tanto, tenemos que hacer readecuaciones para cumplir con la norma. Eso tiene un coste económico.

También plantea una modificación organizativa respecto a la planta judicial, y otra procedimental, pues introduce los métodos alternativos de resolución de conflictos como trámite preceptivo para iniciar cualquier procedimiento civil o mercantil. 

La mediación, por ejemplo, es uno de ellos. Debemos verlo como una oportunidad para descongestionar los juzgados. Pero por otra parte, eso tiene un coste importante porque dentro de lo que es la asistencia jurídica gratuita, habrá que introducir un nuevo módulo para aquellas personas que no tienen recursos y necesitan asistencia. Retribuir esos servicios son muchos millones de euros... 

"La carga en los juzgados de violencia contra la mujer se va a incrementar, y sufrirán la demora las víctimas si no nos dotan de medios"

Y por otra parte, la ley afecta a un tema que es prioritario para la Conselleria. Los juzgados de violencia contra la mujer pasan a ser una sección especializada dentro de un tribunal de instancia, y van a asumir todas las competencias derivadas de delitos sexuales, además de las que ya tenía.

Eso va a conllevar que la carga de trabajo de los juzgados de violencia contra la mujer se incremente. Por tanto, habrá una demora que va a perjudicar a las víctimas. Si no se dota de más recursos para que esas secciones especializadas puedan dar cobertura o abastecer esa carga de trabajo adicional, esos juzgados van a colapsar.

La ley no deja de ser una oportunidad, pero si no nos dotan de medios y de recursos para poder llevarla a cabo, pueden producirse situaciones muy desagradables. 

Nuria Martínez durante la entrevista. Vicent Bosch

¿La Conselleria ha reclamado ya al Ministerio esa dotación económica?

Una de las primeras cosas que hice cuando llegué fue pedir una reunión con el ministro. No obtuve respuesta y tras un plazo prudencial volví a reclamarla. Ahora estamos a la espera de fijar un día y hora para poder tener esa reunión cuanto antes. En ella hablaré de la ley y reclamaré el refuerzo y trato que tenemos que tener para la dana judicial que nos viene.

Hay tres partidos judiciales que son Catarroja, Requena y Torrent donde van a verse muchas secciones especializadas colapsadas por la gran cantidad de asuntos que van a entrar derivados de la dana: reclamaciones de pago de seguros con el Consorcio, ERTEs que se pueden presentar, concursos de acreedores de empresas que no van a poder reabrir...

Hay multitud de procedimientos que van a derivarse de esta situación. Y esa es la dana judicial que nos viene a nosotros. Ahí se va a tener que dotar de refuerzos, de jueces, para que no colapsen, porque ya de por sí están muy saturados. Y, por supuesto, me preocupan los antiguos juzgados de violencia, deben reforzarse ante el incremento de competencias que les otorga la nueva ley.  

La intención del anterior Consell era digitalizar por completo la Administración de Justicia hasta lograr el objetivo del 'papel 0'. No lo logró. ¿Ve viable ahora alcanzar ese objetivo?

El cambio de paradigma es tan importante que ojalá que cuando esté implementado en todos los juzgados podamos decir que el papel es cero. Pero yo creo que esto va a ser todo un proceso, porque a la gente le cuesta.

Sigue habiendo juzgados donde se pide copias de documentación, que imprimas, a pesar de que ya se presenta todo a través de Lexnet de forma telemática. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de eliminar esos vicios. 

Una cosa es tener la infraestructura, pero ¿cómo se vencen quizá las reticencias que pueda tener el personal? ¿Se prevé algún tipo de formación?

Tenemos que contar con que hay gente joven que en el manejo de la tecnología funciona bien, pero también hay personas más mayores que son más reticentes a estos cambios.

La formación y acompañamiento ahí es fundamental. Desde la Conselleria se han redoblado esfuerzos, se ha hecho una ampliación en el contrato que tenemos con Indra para destinar más medios para la formación y acompañamiento hacia el expediente digital. 

"La dana dañó en torno a 30.000 piezas de convicción en el archivo de Ribarroja del Turia"

¿Qué plan tiene previsto para reparar las infraestructuras judiciales dañadas por las riadas?

De los 36 partidos judiciales, tres fueron los más perjudicados: Catarroja, Torrent y Requena. Junto a estos, también quedó afectado el archivo de Ribarroja del Turia, donde resultaron dañadas en torno a 30.000 piezas de convicción, archivos de los juzgados de instancia de Valencia y de la Audiencia Provincial de Valencia.

Existe una dotación de 2,7 millones de euros, de los cuales 2,1 van destinados a Catarroja y el resto se reparte para acometer las tareas de rehabilitación necesarias para que puedan estar funcionando cuanto antes.

La que más daños sufrió fue Catarroja y por eso esa sede judicial se trasladó a todos los funcionarios a la Ciudad de la Justicia de Valencia porque en esas instalaciones no era viable que permanecieran mientras se acometían las obras de acondicionamiento. 

Martínez durante la entrevista de EL ESPAÑOL. Vicent Bosch

¿Qué ocurre en esos casos? A los que afectan esas 30.000 piezas de convicción dañadas...

En Catarroja también lo que son los sótanos se vieron afectados. Ahí hay documentación sensible, sobre todo en procedimientos penales.

Previa supervisión que determine qué es salvable y qué no, el Tribunal Superior de Justicia y Fiscalía determinan mediante informes qué se debe destruir porque no se puede recuperar.  

Pero en el caso de los delitos pensales, si no se pueden recuperar las pruebas ¿qué ocurre?

Son expedientes finalizados, no expedientes en vigor, afortunadamente. Lo que estaba en Ribarroja afectaba al partido judicial de Valencia y Audiencia Provincial de Valencia, pero que están ya archivados porque han pasado muchos años. 

Dadas las nuevas circunstancias, ¿piensa que sigue siendo prioritaria la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Valencia?

Con la nueva ley el diseño de la planta judicial ya no va a ser el que conocíamos. Por tanto, mi preocupación principal era si ya no iban a servir las sedes tal y como las teníamos proyectadas.

En Alicante, por ejemplo, las obras están avanzadas y de repente nos encontramos con que el diseño cambia totalmente. Ahora habrá unos servicios comunes, una oficina donde estarán todos los funcionarios dando cobertura a cada una de las secciones que componen los tribunales de instancia.

Por ejemplo, Alicante, Ontinyent, Torrent y Sagunto sí que vamos a poder acometer ese nuevo diseño a pesar de que las obras están empezadas. Pero hay otras sedes como Alzira, Liria, Gandia que no vamos a poder cambiar porque ya están avanzadas y las obras se hicieron conforme marcaba la ley que teníamos. Gandia por ejemplo está para inaugurarse el mes que viene. ¿Eso qué comporta ahora? Más dinero.  

"Las familias de las víctimas de la dana están en todo su derecho de poder iniciar las acciones judiciales que consideren"

Un centenar de afectados por la Dana se han querellado contra cinco ex altos cargos del Consell y la CHJ. ¿Qué recorrido cree que podría tener? ¿Y la que hay contra el president?

Ante una situación tan triste como la que ha pasado, yo creo que estas familias por supuesto que están en su derecho de poder iniciar las acciones judiciales que consideren para que se depuren las responsabilidades si fuera el caso, faltaría más. Y ahí creo que tienen que ser los tribunales, previa instrucción correspondiente, los que decidan al respecto.

Como jurista no podré más que respetar el fallo judicial que se produzca en su momento. Las reclamaciones se van a producir porque es una situación muy triste. La persona que ha fallecido un familiar está en todo su derecho de iniciar las acciones que la ley le da para llevarlo a cabo. 

La consellera de Justicia trabaja en su despacho mientras espera el inicio de la entrevista. Vicent Bosch

El Consell ha aprobado un decreto para movilizar a sus funcionarios. ¿Qué tipo de refuerzos ha detectado que necesitan? ¿Bajo qué criterios se distribuye a la plantilla?

Pretendemos dotar de flexibilidad suficiente para la movilización del personal funcionario de la administración valenciana. Es una preocupación máxima del Consell al que pertenezco que, por ejemplo, se tramiten las ayudas a los afectados y lleguen cuanto antes.

Desde el primer momento mi departamento movilizó 100 funcionarios para ayudar a los ciudadanos a hacer estos trámites. Esas personas dejan de hacer su trabajo para poder destinar su tiempo a, por ejemplo, tramitar ayudas.

Función Pública ha creado puestos de trabajo a través de programas temporales, en concreto 172 puestos y está previsto añadir 115 más. Casi 300 funcionarios para dar soporte a las actuaciones derivadas de la dana. 

¿Son puestos de nueva creación? ¿O se han desplazado dentro de la plantilla que ya tiene la administración?

En un primer momento fue movilidad voluntaria. Sí que es verdad que eso hace que se acumule el trabajo en otros departamentos, por lo que esa gente tiene que volver a sus puestos de trabajo. Lo que se va a hacer es, a través de programas temporales, contratar gente para que cubran esas necesidades derivadas de la dana.  

La dana por tanto va a tener otra consecuencia colateral, que la temporalidad siga aumentando en la administración.

Es un mal endémico. 

"Se estudiará la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios en función de la disponibilidad presupuestaria"

El Gobierno valenciano firmó con los sindicatos un acuerdo de legislatura por el que se estudiaría reducir la jornada laboral de funcionarios a 35 horas. ¿Lo ve viable? 

Es verdad que hay un acuerdo de la Mesa General de Negociación en la que se incluyó la jornada laboral de 35 horas semanales, como también telegrabajo, brecha salarial... y un calendario. En función de la disponibilidad presupuestaria se va a ir acometiendo. Habrá que ir viendo el recorrido que puede tener.