Foto de archivo de la dana del 29 de octubre de 2024. Rober Solsona / Europa Press
El Gobierno de España regularizará a 25.000 migrantes afectados por la dana en la provincia de Valencia
Está previsto que la medida se apruebe este martes 11 de febrero en el Consejo de Ministros.
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El Gobierno central regularizará a 25.000 migrantes afectados por la dana que golpeó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre en la que fallecieron 224 personas y todavía hay tres desaprecidos.
La información ha sido adelantada por el diario El País y confirmada por fuentes gubernamentales a Europa Press. Estas mismas fuentes han asegurado que está previsto que la medida se apruebe este martes 11 de febrero en el Consejo de Ministros.
De esta forma, el departamento que dirige Elma Saiz busca dar una solución a los ciudadanos extranjeros que no han podido renovar su permiso de residencia y trabajo como consecuencia de las inundaciones.
"Estamos estudiando desde el absoluto rigor jurídico con muchísima sensibilidad y pronto daremos a conocer las medidas que vamos a adoptar, pero siempre desde la seguridad jurídica", avanzó la ministra Saiz el 29 de enero tras participar en el pleno del Consejo Económico y Social (CES).
Según entidades sociales de la Comunitat Valenciana, actualmente, tanto las ayudas estatales como las autonómicas exigen disponer de DNI o NIE, además de otros requisitos, como contrato de trabajo o de alquiler o cuenta bancaria.
Seún las mismas, estas condiciones "excluyen a las aproximadamente 40.000 vecinas y vecinos de las zonas afectadas que se encuentran en situación administrativa irregular, uno de los colectivos con mayor desprotección social".
98.000 beneficiarios
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifra en el entorno de los 98.000 potenciales beneficiarios de estas medidas, de acuerdo a los registros del INE, cotejados con las Oficinas de Extranjería de las zonas afectadas.
Y, respecto a las autorizaciones de residencia por circunstancias extraordinarias, esta medida podrá ayuda a alrededor de 26.000.
Esta autorización tendrá una vigencia de un año y habilitará a estas personas para residir y trabajar en España. Las solicitudes deberán ser presentadas en el plazo máximo de tres meses desde la vigencia de estas instrucciones.
Cuando caduquen, las personas podrán solicitar la modificación de esa autorización a una de las autorizaciones previstas en el Reglamento de Extranjería.
En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la dana, la autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas tendrá una vigencia de cinco años.
El objetivo es "proteger"
El objetivo principal, según fuentes ministeriales, es "proteger ante las situaciones de máxima vulnerabilidad y evitar que las personas extranjeras puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida".
Asimismo, han explicado que se prorrogarán y renovarán automáticamente las autorizaciones de estancia por estudios y las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo cuya vigencia expire entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025 a los extranjeros residentes en los municipios afectados.
Además, han añadido que solo podrán ser denegadas por razones de orden público, seguridad o salud pública.
También han avanzado que se facilitarán las autorizaciones de residencia y trabajo que dependieran de estar dado de alta en la Seguridad Social, entendiendo que algunos empleadores no hayan podido cumplimentar el trámite a consecuencia de la dana. "Cobrarán eficacia desde el momento de su resolución por la Oficina de Extranjería", han subrayado.
Igualmente, han dicho que se resolverán de forma favorable todas las solicitudes de autorización inicial de residencia y/o trabajo y de renovación, modificación o prórroga de las mismas que estuvieran en trámite cuando sucedió la dana y, como consecuencia de la catástrofe, hubieran dejado de cumplir con alguno de los requisitos.
Además, fuentes del Ministerio han señalado que se podrá conceder una autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas a aquellas personas extranjeras y sus familiares que tuvieran su domicilio en alguno de los municipios afectados entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 y, que no fueran titulares de una autorización de residencia.
