Juan Roig abandera la exigencia a Gobierno y Generalitat para encauzar los barrancos tras la dana: "No hay un plan conjunto"

"Si mañana viniera otra dana, tendríamos los mismos efectos". Así de claro se pronunció este martes Juan Roig en la rueda de prensa en la que presentó los resultados de Mercadona.

El presidente de la compañía y líder empresarial valenciano -impulsor del lobby AVE- tomó así la bandera de la reivindicación a las Administraciones públicas.

La Generalitat valenciana exigió hace cuatro meses al Gobierno central una inversión de 2.390 millones en obras hidráulicas urgentes tras las terribles riadas del pasado 29-O. No hay respuesta oficial todavía por parte del Ejecutivo a esta propuesta, a materializar en cinco años por 500 millones anuales.

Juan Roig, al borde del llanto por la dana: "Fallaron todas las administraciones, nos sentimos desamparados durante 4 días"

Roig lamentó que "no hay un plan conjunto de futuro". "Lo único que hacen es pelearse entre las diferentes administraciones", afeó a los políticos, y puso como ejemplo la gran inversión para desviar el río Turia al sur de Valencia tras la riada de 1957.

"Los técnicos dicen que, gracias al Plan Sur, no hemos tenido en Valencia las mismas consecuencias. Si mañana viniera otra dana, tendríamos los mismos efectos. Esa respuesta es lo que más echamos en falta", dijo.

El movimiento de Juan Roig, que se suma a las reivindicaciones ya planteadas por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), supone un movimiento trascendente.

Cabe reseñar que las reivindicaciones de Roig desde AVE, asociación presidida por su amigo y también empresario Vicente Boluda, obligó al Gobierno de España a acelerar las obras del Corredor Mediterráneo, que se encuentran en una fase mucho más avanzada tras la minuciosa vigilancia de la entidad empresarial.

Infrainversión estatal

Por lo que respecta a las obras hidráulicas, la provincia de Valencia y el resto de la Comunitat Valenciana padecen una acusada infrainversión estatal. Los proyectos aprobados por los técnicos que después no se construyen por ausencia de presupuesto se cuentan por docenas.

Entre ellos se encuentran el encauzamiento y desvío del barranco del Poyo, la trágica rambla que causó el grueso de las 227 muertes el pasado 29 de octubre. Cuatro de los fallecidos eran empresarios amigos de Juan Roig, en particular, Miguel Burdeos.

"Era amigo mío desde los 9 años. Estudiamos juntos en Jesuitas. He perdido a un gran amigo y a un gran proveedor", lamentó recientemente Roig, tal y como recogió EL ESPAÑOL. "No me lo creía porque decían que yo también estaba con él", agregó sobre el rumor de aquellos días, cuando se especuló que el propio Roig podría estar entre las víctimas tras haber comido con ellos. No era cierto. Roig estaba en Canarias.

Juan Roig, sobre su amigo muerto en la dana: "No me lo creía porque decían que yo también estaba con él"

La actuación en el barranco del Poyo contaba con  un presupuesto de salida de 240 millones de euros y pudo desarrollarse por fases para abaratar su coste, tal y como relató a este periódico Javier Machi, el entonces director de Typsa, la empresa que elaboró el proyecto.

Recibió la preceptiva declaración de impacto ambiental en 2011. Pero no lo materializaron ni el Gobierno de entonces de José Luis Rodríguez Zapatero, ni el posterior de Mariano Rajoy durante la crisis, ni el de Pedro Sánchez cuando accedió a la Moncloa en 2018.

El actual Ejecutivo se propuso retomar las obras en 2021, pero se encontró con las restricciones de la Ley de la Huerta del Gobierno Valenciano de Ximo Puig, que impedía la construcción de las obras hidráulicas del desvío del barranco tal y como habían sido planteadas inicialmente.

Trece años después de ser aprobado, llegó la dana sin que la solución hidráulica que habría evitado la catástrofe estuviera ni siquiera iniciada.

Las obras pendientes

La cifra a la que ascienden las obras hidráulicas urgentes la ofreció la Generalitat Valenciana tras la dana. Lo hizo el 7 de noviembre de 2024, nueve días después de la catástrofe, cuando presentó al Gobierno de España "un Plan frente a Inundaciones con una inversión inicial de 2.390 millones de euros".

El plan que presentó al ejecutivo el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, plantea la modernización e implementación de nuevos modelos predictivos capaces de anticipar situaciones de riesgo en tiempo real, así como la instalación de nuevas estaciones de aforo y sensores de control, además de la vigilancia remota de los cauces mediante la instalación de cámaras.

Propone además la puesta en marcha de un sistema de alarmas en los cauces con gran impacto urbano, que estén conectadas con los servicios de Protección Civil de los municipios para su pronta respuesta. Estas dos actuaciones supondrían una inversión de 100 millones de euros.

Entre las medidas contempladas en el plan de choque entregado al Ministerio para la Transición Ecológica destacan las actuaciones de defensa frente a inundaciones en la Cuenca del Turia, la cuenca del Poyo y otros cauces cortos.

Incluye la ejecución de la presa de Vilamarxant, acciones en la cuenca alta y media del barranco del Poyo, y otras acciones en cuencas cortas, que supondrían una inversión de 500 millones de euros.

Destrucción del barranco del Poyo a su paso por Chiva. Efe / Kai Försterling

Se plantean también actuaciones de conservación en cauces de fuerte impacto en caso de inundaciones sobre el medio urbano, con 60 millones de euros al año. "Se trata de un tema recurrente, muchas veces fuente de conflictos y confrontaciones entre administraciones con los que hay que acabar y hacer prevalecer el interés general y la salvaguarda de la población", dijo el conseller.

El plan propone también actuaciones de defensa frente a inundaciones, con un presupuesto de 220 millones de euros, en la Cuenca del Júcar. Entre ellas, la nueva presa de Montesa, la alternativa a la presa del Marquesat (río Magro) y actuaciones en el río Sellent.

En este sentido, también se incluyen actuaciones de reparación y adecuación a la normativa de las presas autonómicas o de interés general del Estado en la Comunitat Valenciana, con una inversión de 550 millones de euros.

A su vez, actuaciones de defensa y encauzamientos en otros sistemas (Mijares, Plana de Castellón, Río Seco, Río Vaca, cuenca del Segura, entre otras) que supondrán 370 millones de euros de presupuesto.

Por último, el plan apuesta por el refuerzo contra la vulnerabilidad del Canal Júcar-Turia (abastecimiento del área metropolitana de Valencia y Ribera del Júcar) que ya dispone de anteproyecto y contaría con un presupuesto de 450 millones de euros.

En una entrevista reciente concedida a EL ESPAÑOL, Barrachina lamentó que el Gobierno apenas ha reactivado algunos de los proyectos relativos al barranco del Poyo. Las primeras obras no estarían listas hasta 2026, 15 años después de recibir el proyecto su declaración de impacto ambiental.

"Desamparados"

Roig, en su intervención de este martes, lamentó que "fallaron todas las administraciones". "Nos sentimos desamparados durante cuatro días", lamentó.

El empresario centró su crítica en los días posteriores a la tragedia por la lentitud "de todas las administraciones". En cambio, restó importancia a los fallos en la gestión de la emergencia por ser "una catástrofe natural descomunal que nadie esperaba".

"Esto de hablar de la dana es un problema, porque te vas emocionando. Pero no se puede llorar más, no vendemos lágrimas", dijo en primer lugar durante su exposición. El empresario repasó las labores para la reconstrucción de los 21 supermercados de Mercadona arrasados por las riadas.

Minutos después, al detallar las acciones impulsadas por toda su familia para la reconstrucción, cuyo importe cifró en 108 millones de euros "en ayudas directas", volvió a emocionarse.

Juan Roig, durante su comparecencia de este martes. Efe / Ana Escobar

En concreto, se mostró conmovido al recordar que cinco de los empresarios que han recibido sus ayudas directas para reabrir sus comercios "las han devuelto porque ven imposible abrir". "Al final lloraré y diréis: 'Juan Roig llora en la rueda de prensa'", bromeó.

En la ronda de preguntas de los periodistas fue cuestionado varias veces sobre el mismo asunto. Le preguntaron en particular por la gestión de la Generalitat Valenciana tras la imputación de la exconsellera Salomé Pradas, y sobre si advierte una crisis reputacional en la Comunitat por la situación política del presidente, Carlos Mazón. Incluso le preguntaron sobre si debe dimitir.

"A mí no me toca"

"Las dimisiones y todo eso a mí no me toca, bastante tengo con Mercadona", dijo. En todo momento evitó pronunciarse por lo ocurrido el 29 de octubre, la tarde de las inundaciones, y se refirió a lo ocurrido "a partir del día 30".

Según Roig, fue "una catástrofe natural descomunal, con unos efectos devastadores, con 224 fallecidos y 3 desaparecidos, que es lo más grave, además de muchos daños materiales y muchos daños morales".

"Lo que más debemos analizar es qué pasó después", agregó. "Un millón de españoles nos sentimos desamparados. Aquello parecía un desierto. Los primeros que aparecimos fuimos algunas empresas que nos lanzamos a ayudar", recordó.

Fallaron, según dijo, "todas las administraciones". "No vimos agilidad en la respuesta ni coordinación. Ha fallado la reacción. Era muy difícil, pero para eso pagamos impuestos", insistió.

Repreguntado sobre la misma cuestión, trasladó el mismo mensaje. "Repito, fue un problema general, una catástrofe natural descomunal que nadie se la esperaba. El día 30 se podían haber hecho muchas cosas. Nadie nos lo esperábamos", manifestó.

"No sé cuantificar en cuántas horas se debió responder el día 29. A todos nos costó entender la dimensión de la tragedia. Pero, después del día 29, vino el 30, y no se actuó con agilidad por parte de ninguna administración", zanjó.