A la espera de que se apruebe el Plan Anual Normativo 2024 en la Administración General del Estado, reviso detenidamente su predecesor. Del total de los proyectos legislativos que prevé este plan, treinta y cinco, responden al mandato de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico obligaciones europeas. Un número nada desdeñable, que nos invita a reflexionar acerca de esa "constelación posnacional" de la que hablaba Jürgen Habermas.

¿Hasta que punto las leyes que integran nuestro ordenamiento jurídico han sido trazadas con la mano firme y creativa de la Unión Europea?, o lo qué es más importante, ¿hasta qué punto nos impacta a nosotros, ciudadanos españoles?

A la hora de contestar a estas preguntas resulta enormemente ilustrativo el hecho de que las dos únicas reformas constitucionales que se han llevado a cabo en España han tenido como propósito adaptar nuestro derecho al de la Unión.

La primera, en 1992, reformó el artículo 13.2 de nuestra Carta Magna, para reconocer el derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales a todos aquellos ciudadanos extranjeros, residentes en España, pero nacionales de algún otro Estado Miembro. La segunda, en 2011, incorporó al artículo 135 de la Constitución nuestro compromiso para con el pago de la deuda y sostenibilidad del déficit público tras la crisis financiera.

Si bien estas dos cuestiones reflejan el enorme impacto que los mandatos de la Unión tienen sobre el derecho interno, lo cierto es que fuera de la Constitución encontramos una pléyade de normas europeas que han ido definiendo de una u otra forma nuestro derecho.

Un ejemplo de gran relevancia y que impacta tanto en las empresas como en los ciudadanos vino de la mano de la conocida como Directiva Bolkenstein (Directiva 2006/123). En aras al objetivo de consagrar una de esas cuatro libertades sobre las que se asienta el mercado interior: la libertad de servicios y establecimiento, esta directiva tuvo un grandísimo impacto en nuestro derecho.

Obligó a cambiar el régimen de autorizaciones previas y licencias (otorgadas por la Administración tras procedimientos largos y burocráticos) por un régimen de declaración responsable, tras el cual, se facilita enormemente a las empresas la prestación de servicios. Por otro lado, conlleva una amplia revisión de la legislación sectorial en España en ámbitos tradicionalmente intervenidos como eran las telecomunicaciones, transporte, …

Otro gran ejemplo, viene de la mano del conocido Reglamento de protección de datos. Las famosas "cookies" que todos debemos aceptar o incluso el reconocimiento del famoso "derecho al olvido" o la "desconexión digital" son ejemplos del trasvase del derecho comunitario a nuestro ordenamiento.

Y qué decir de toda la normativa medioambiental. Los compromisos asumidos por los Estados en el seno del Pacto Verde Europeo (Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo), así como cuestiones de energía y medioambiente donde tanto la UE como los Estados tienen competencias compartidas (art 4.2 TFUE) impactan directamente en nuestro ordenamiento jurídico a través de nuevas normas como la Ley 7/ 2021 de Cambio Climático o planes y programas como la Estrategia de Descarbonización 2050.

Las grandes transformaciones y retos a los que se enfrenta la sociedad actual demandarán de una gran intervención legislativa por parte de la UE. En este sentido el nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial, así como el nuevo paquete de Servicios digitales (DMA y DSA) por sus siglas en inglés, marcarán un antes y un después en la forma en la que los Estados miembros regulen las esferas digitales, conllevando no pocos retos.

En conclusión, la Unión Europea ha sido una fuerza transformadora en el ámbito jurídico de sus Estados miembros, impulsando cambios significativos a través de leyes que trascienden las fronteras nacionales y promueven la integración y la cohesión en toda Europa. Desde la creación del mercado único hasta la protección de los derechos fundamentales, pasando por la promoción de la competencia y la sostenibilidad ambiental, las leyes de la UE han dejado una huella indeleble en la vida de millones de ciudadanos europeos.

Estas leyes no solo han generado beneficios económicos y sociales, sino que también han fortalecido los valores fundamentales de la Unión Europea: la solidaridad, la democracia y el Estado de derecho. A través de su marco legal, la UE ha logrado construir un espacio de paz, prosperidad y oportunidades para sus ciudadanos, demostrando que la cooperación supranacional puede ser un poderoso motor para el progreso y el bienestar común.

*Andrea Villar es abogada y economista, especialista en Fondos Europeos y consultora en GRI S.A. Socia Young de Women in a Legal World.