Componente 30: Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo

El Componente 30, denominado Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, está orientado a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo, preservando su adecuación y suficiencia en la protección frente a la pobreza, y garantizando la equidad intergeneracional. Apoyándose en el amplio consenso parlamentario sustanciado en la aprobación de las recomendaciones del marco del Pacto de Toledo, se propone la puesta en marcha de un paquete de medidas complementarias entre sí que serán elevadas al diálogo social.

Incluyen la separación de fuentes de financiación; la puesta en marcha de un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo; la continuación del proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas; la adecuación a los nuevos modelos de carrera profesional del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación; el establecimiento de un nuevo sistema de cotización para los autónomos basado en ingresos reales que refuerce la integración y convergencia de los regímenes de pensiones y la revisión del sistema de previsión social complementaria, fomentando el desarrollo de planes de pensiones de empleo (segundo pilar) a través de la negociación colectiva.

Toma como ejemplo la experiencia internacional de reformas duraderas y efectivas en el ámbito de las pensiones que han contado con el más amplio consenso. Por ello, el Pacto de Toledo ha sido convocado para alcanzar grandes acuerdos a través de todo el arco parlamentario, con el objetivo de reforzar el sistema y adaptarlo a los cambios demográficos y sociales, dando certidumbre a pensionistas y trabajadores.

El componente parte del acuerdo alcanzado y ratificado por el pleno del Congreso el pasado 19 de noviembre de 2020 con únicamente dos votos en contra, en el que se recoge una veintena de recomendaciones orientadas a garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema.