Este lunes aterrizará en Madrid una misión que envía el Parlamento Europeo para examinar el uso que está haciendo España de los fondos de recuperación. Se trata de un grupo de 14 eurodiputados pertenecientes al Comité de Control Presupuestario, comandados por su presidenta, la alemana Monika Hohlmeier, de la CSU bávara y colaboradora estrecha de Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo.
Según fuentes internas, la delegación aterrizará en nuestro país llena de "dudas" sobre dos aspectos clave: la "supuesta cogobernanza" del Plan de Recuperación español (PRTR) y la "hasta ahora inexistente" transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez.
Así pudo confirmarse en la última reunión del comité parlamentario, el pasado 9 de febrero en Bruselas. Y así se trasluce de la ácida carta enviada por Hohlmeier a Nadia Calviño el pasado miércoles, a la que ha tenido acceso este periódico.
La delegación de europarlamentarios ha establecido un calendario de reuniones entre el lunes 20 y el miércoles 22 de febrero.
La misión, en su conjunto, está formada por representantes de cinco de los siete grupos políticos de la Eurocámara -de izquierda a derecha conservadora, pasando por los Verdes- y procedentes de cuatro países distintos: Alemania, Italia, Portugal y España. Les acompañarán una miembro croata del Tribunal de Cuentas de la UE, Ivana Maletic; y dos observadoras de la Comisión.
Fuentes del Gobierno aclaran que Moncloa, oficialmente, sólo rinde cuentas ante la Comisión Europea y el Consejo. Y que, en realidad, esta misión es atendida "de forma voluntaria por parte del Ejecutivo". Es decir, que no hay ningún tipo de obligación de atender sus requerimientos.
Dos peticiones desatendidas
Eso explicaría que por parte de la delegación de europarlamentarios no se haya podido más que "lamentar" que el Gobierno no haya "facilitado" una de las citas principales que habían solicitado los eurodiputados, o la cancelación, a última hora, de la reunión con la todavía ministra de Industria, Reyes Maroto.
En la misiva enviada este miércoles por Hohlmeier a la vicepresidenta primera, la política alemana reprochaba que "no haya sido posible todavía materializar una solicitud de reunión, en particular con la ex directora general a cargo de la implementación del Plan de Recuperación español en 2021", Rocío Frutos.
Esta alto cargo fue destituida el pasado mes de octubre, después de que España no lograra cumplir con el segundo plazo dado por Bruselas para la implementación de la plataforma COFFEE. Este programa informático es clave para la auditoría y control con total trazabilidad de la llegada, adjudicación y ejecución de los más de 31.000 millones de euros recibidos, hasta el momento, por el Estado español de los fondos europeos.
[Videoanálisis - ¿Dónde está el dinero de los fondos europeos, España?]
Y eso es precisamente el objetivo de la misión: "Evaluar la implementación del PRTR de España, incluidos los hitos y objetivos y, en particular, los sistemas de gestión, auditoría y control establecidos", como remarca la carta. "Para ello, hemos programado reuniones con usted", recuerda Hohlmeier, "y otros interlocutores que tienen una visión profunda de la implementación del plan de recuperación español".
Consejeros y empresarios
Esos "otros interlocutores" son, remarcablemente, los consejeros de las Comunidades Autónomas y los representantes de las organizaciones empresariales, industriales y de comercio.
Y es que, según la agenda, la misión quedará marcada por esas dos reuniones, que serán las de arranque. A primera hora de la tarde del mismo lunes, la delegación de europarlamentarios pretende hallar las respuestas clave que sirvan de guía al resto de citas.
A las 13.30 horas del lunes, están citados los consejeros de Economía de la Comunidad de Madrid -Javier Fernández Lasquetty- y de la Junta de Andalucía -Carolina España-, por parte del PP; y los de Castilla-La Mancha -Juan Alfonso Ruiz Molina-, Extremadura -Pilar Blanco-Morales- y Aragón -Marta Gastón-, por el PSOE.
La reunión está previsto que dure 120 minutos e, inmediatamente después, a las 15.30 horas, los diputados europeos se verán con representantes de la patronal CEOE, de la Cámara de Comercio y de ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones).
La clave de estas dos citas se puede leer también en la carta de Hohlmeier. Esta misiva de la eurodiputada alemana respondía a otra enviada, previamente, por Calviño en su nombre y el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Escrita en un tono personal pero firme, la respuesta está llena de reproches y sospechas.
En concreto, acusa al Gobierno español de tratar de "transferir la responsabilidad del éxito" del plan "a las regiones españolas".
"Conclusiones previas"
La jefa de la delegación recuerda que "las reuniones permitirán a los diputados participantes en la misión [...] plantear todas las dudas que puedan tener y sacar conclusiones independientes". Y de inmediato, Hohlmeier advierte de que toma nota del mensaje "proactivo" de Calviño. "Estoy segura de que no tenía la intención de anticipar las conclusiones de la misión antes de que haya comenzado".
Y es que en los tres folios enviados desde Economía a la Eurocámara de Bruselas se incidía en "las 130 conferencias sectoriales" con las CCAA y "los 30 encuentros con el sector privado y los agentes sociales" como ejemplos de esa "cogobernanza". Además de que "hasta 20.600 millones ya han sido transferidos a las Comunidades Autónomas" y "otros 5.000 a las entidades locales" de los 31.000 recibidos por España.
Este periódico se ha puesto en contacto con algunos de los consejeros que se reunirán con los eurodiputados. Y su versión es muy distinta. "En esas reuniones con el Ejecutivo nos limitamos a escuchar, no podemos ni proponer, como tampoco nos dejaron participar en el diseño del plan, de las inversiones ni de las reformas", alega un portavoz.
"Si Moncloa quiere que la UE crea que ha habido cogobernanza, le diremos a los eurodiputados que no ha sido así. Nos obligan a aplicar los mismos proyectos a regiones tan dispares como Madrid y Extremadura". Desde otra CCAA el mensaje es aún más directo: "El Plan de Recuperación ha sido la mayor operación de recentralización en los más de 40 años de democracia en España".
Por eso, la carta de la eurodiputada bávara es muy explícita en la advertencia al Gobierno español: "Estamos ansiosos por escuchar las opiniones de las regiones españolas sobre el proceso consultivo que usted describe, sobre la forma en que han sido involucrados en el establecimiento del plan nacional de recuperación, y sobre cómo se comparte la responsabilidad de la implementación del plan entre el nivel regional y nacional".
El sector privado
Un conflicto de versiones muy parecido se apunta desde el entorno empresarial. "Hay varios problemas graves, aparte de la falta de transparencia", explica una fuente de CEOE. "La reforma de pensiones no nos parece la correcta, pero eso es opinable; lo que es un hecho es que no se ha cerrado a tiempo".
Efectivamente, el Gobierno se comprometió a tenerla aprobada en diciembre de 2022, después pidió un mes más de plazo "y estamos en febrero sin que Escrivá haya anunciado nada".
Otro punto en el que incidirán los representantes del sector privado es, de nuevo, el de la "cogobernanza". Según las fuentes consultadas, Moncloa ha centralizado tanto los proyectos "que muchos PERTE parecen hechos en un laboratorio... y por eso no están funcionando. Ni el del Vehículo Eléctrico, que fue el primero, ni el de microchips avanzan al ritmo deseable".
Los empresarios, finalmente, están preocupados por dos aspectos de futuro. Según explican, el Gobierno no ha invertido tiempo en preguntar las necesidades reales de cada sector y "podemos perder una oportunidad de oro para reindustrializar España".
Y para terminar, temen que el mensaje real que quieren transmitir a la delegación de la Eurocámara pueda acabar perjudicando a España: con el debate sobre las reglas fiscales aún abierto y el de las ayudas de Estado "amenazando con que Alemania y Francia canibalicen el mercado único", otra fuente cercana a la CEOE admite que los portavoces de la patronal, ANFAC y la Cámara de Comercio deberán ser "sinceros", pero medir sus palabras ante los eurodiputados.
Y es que fuentes europeas admiten que "hay muchas presiones para que España y Portugal sirvan de ejemplo" y sean los primeros países a los que Bruselas castigue con los llamados "frenos de emergencia" del Mecanismo de Recuperación. Es decir, con la retención de nuevas entregas de fondos.
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