Una de las visitas clave a 'Wake up, Spain!' era la de la ministra de Hacienda. María Jesús Montero es la responsable de las cuentas públicas y su departamento, fiscalizador -nunca mejor dicho- del uso de los fondos europeos Next Generation EU, los 140.000 millones de ayudas que España recibirá hasta 2026. Montero, en conversación con Eduardo Ortega Socorro, jefe de sección de Invertia, despejó dudas y entró en todos los temas de actualidad que ya están afectando a la llegada y gestión de las ayudas europeas.

En ese sentido, la ministra de Hacienda habló sobre la armonización fiscal "a nivel global y europeo, así que cómo no a nivel nacional", advirtió cuando fue preguntada por Madrid, la campaña electoral de Ángel Gabilondo y los impuestos. Y también aclaró que, aunque la ley Montoro exige que el Ejecutivo diseñe ya un Plan de Reequilibrio de las cuentas públicas, tras el desvío del déficit en 2020, "eso ahora mismo no tiene sentido, no hace falta y no lo haremos mientras la UE mantenga suspendidas las reglas fiscales".

Es decir, si todas las políticas globales, europeas y españolas "van encaminadas a la recuperación", poco sentido tendría, dijo, "que yo le fuera pidiendo a las CCAA y a los Ayuntamientos que me presentaran un plan de ajuste y recortes... ¿qué criticas no recibiría?", se preguntó la también portavoz del Gobierno.

"No, en este contexto no tiene sentido alguno, centrémonos en los fondos, cuya incidencia en la economía también permitirá reequilibrar las cuentas al dinamizarla y crear empleo competitivo". Es decir, que habrá grifo abierto de gasto todavía en 2022, y no se espera el ajuste antes de 2023.

¿Reforma o subida fiscal?

Ortega introdujo la entrevista pública con la ministra directamente al asunto más noticioso, que es el reciente anuncio de la comisión de expertos que aborde la reforma fiscal "que necesita España", en palabras de Montero.  

Este nuevo formato de ayudas exige un plan de reformas que visará la Comisión Europea, "pero es que lo que pide la UE coincide con la hoja de ruta del presidente del Gobierno".

Montero anunció, como recoge el documento, que España debe reducir su brecha con la media europea de esfuerzo fiscal, y que ésta es "de entre seis y ocho puntos" respecto del PIB. Y también admitió, en ese punto, la necesidad de ir preparando la consolidación fiscal "que reduzca el exceso de deuda y déficit que estamos asumiendo para no dejar a nadie atrás".

Los expertos entregarán el documento "para revisar las figuras fiscales en torno a febrero de 2022". Es decir, que hasta el año siguiente no se tocarán algunos de los impuestos, ya que habrá que legislar las normas.

Así, Montero recordó que la directora del Tesoro de de la nueva Administración Biden, coincide con el FMI en que hace falta una armonización del Impuesto de Sociedades a nivel global, "en esta nueva economía globalizada". Y en ese contexto irán las figuras que pretende aplicar ya desde el año que viene el Gobierno con algunas figuras fiscales trasferidas a las CCAA.

"No se trata de subir impuestos, incluso algunos hay que bajarlos", dijo. "Incluso en algunos casos, no se trata de tocar los tipos, sino de eliminar algunas deducciones" que están produciendo situaciones injustas.

"Por ejemplo, las hay que están provocando más presión fiscal a las pymes que a grandes multinacionales". En definitiva, la reforma fiscal que espera a la vuelta de la recuperación económica, "buscará mayor eficiencia de las figuras fiscales" y "mayor claridad".

"Armonización" en Madrid

Por ejemplo, Montero apuntó otro asunto a nivel global, "hay un debate abierto sobre qué hacer con las sedes fiscales de las empresas que operan en el mundo entero, y hay un consenso amplio de que las grandes corporaciones digitales contribuyan allá donde se generen sus ingresos, y no donde estén residenciadas".

Habrá, pues, una armonización inminente, ya el año que viene, antes de la gran reforma que no se completará hasta el último años de la legislatura. Es decir, "en el momento que corresponda, no todas las figuras se tocarán en el mismo momento, algunas incluso pueden irse al año 2023".

Sobre nuevos impuestos, los hay ya vigentes y otros que vendrán, como los verdes. De los vigentes, como las tasas google y tobin, Montero no pudo dar cifras, "porque hasta junio no tendremos el primer cierre". Pero sí que habló de esas áreas nuevas como los impuestos medioambientales: "No es sólo para recaudar más o menos, sino para aplicar políticas fiscales que a as empresas les haga rentable promover cambios en beneficio del medio ambiente".

Madrid, al ser capital, tiene un volumen de recursos superior, y or eso puede tirar a la baja de sus impuestos. Y eso no lo pueden hacer otros presidentes autonómicos, de otras CCAA del PP. "Así que, si pedimos armonización en Europa y en el mundo, es lógico que exista también a nivel de España, con independencia de si Gabilondo tiene una postura concreta sobre sus competencias, si gobierna".

Financiación autonómica

Según Montero, el problema es que Madrid ha vaciado de contenido algunos impuestos, "en lugar de ejercer su competencia fiscal" y eso perjudica a otras CCAA.

Así, la ministra reveló que gobiernos regionales populares, como el de Andalucía y Galicia le han pedido armonización fiscal. "Y cuando yo era consejera de Hacienda promoví un documento en ese sentido que votó el PP a favor". Porque, sostuvo, para Andalucía es esencial. "Es una región que tiene que ejercer cinco veces la presión fiscal de Madrid para obtener la misma recaudación".

Y eso, dijo, no tiene ningún sentido: "Si el sistema fiscal es progresivo debe cumplir esa condición, no puede ser que CCAA tengan mejor tratamiento fiscal por tener sedes de grandes empresas en Madrid cuando el consumo se produce en el resto de España".

Las Comunidades Autónomas llevan casi una década esperando un nuevo modelo de financiación. No lo hubo durante el Gobierno del PP, para dar colchón para salir de la crisis. Y ahora, con la pandemia, los planes se han retrasado.

Montero llamó la atención sobre los parámetros de cálculo: "población, movilidad, concentración, desempleo, igualdad, cohesión"... fueron algunos de los términos que propuso. "Espero un buen clima político del PP, que no diga una cosa en un sitio y otra en otro, para poder abordarlo".

En todo caso, la ministra de Hacienda recordó los 16.000 millones del Fondo Covid en 2020 y los 13.000 comprometidos para este año. "Porque este Gobierno entiende que la sanidad y la educación, la dependencia y los cuidados son clave en nuestro Estado del bienestar", y la pandemia los puso en juego. "No importa quién los pague, por eso lo hicimos. Ahora, toca asegurarlo para el futuro". ¿Cuándo se hará esa reforma? En 2022 o 2023.

Control de los fondos

La ministra se incomodó ante la pregunta de quién va a controlar al controlador, teniendo en cuenta que es el Ministerio de Hacienda el que supervisará el buen uso de los fondos que decidirá la oficina de Moncloa en cargada del reparto. "La pregunta ofende", llegó a decir. "No se puede dudar de la transparencia ni de la honorabilidad de los profesionales del sector público y del empresarial, que colaboraremos en la implantación de estos fondos para recuperar nuestra economía".

La ley de estabilidad presupuestaria contempla que hace falta un plan de reequilibrio, y se hará, claro. "Pero si yo le pido ahora a alas CCAA un plan de ajuste, ¿qué cara se nos quedaría?" Montero sostiene que en una situación de suspensión de reglas fiscales, decidida por la UE, "No tiene sentido".

Es más, Montero explicó que varios países y la propia UE están estudiando el retraso en las decisiones de retirada de estímulos. "Cuando se vuelvan a reactivar las reglas fiscales, se pedirá ese plan de reequilibrio", anunció. Y esas reglas, probablemente no se retomen hasta 2023, pues ya la Comisión prevé que en 2022 siga abierto el grifo de gasto.

Eso sí, Montero admitió que su Ministerio va a revisar al alza el déficit previsto para este año, ya que el de Economía revisó el PIB a la baja recientemente. "Lo trasladaré antes de final de abril", como marcan las normas europeas. "Pero lo fundamental es que el Plan de Recuperación nos permite sanear las finanzas públicas al impulsar la economía al alza".

La reforma fiscal y la movilidad

El Gobierno prevé cambiar toda la fiscalidad de la movilidad, con políticas que promocionen el uso del transporte público y la electrificación del parque privado de vehículos: "Yo soy médico, y sé que uno de los motivos principales de la contaminación es el uso excesivo del coche en el entorno urbano".

En ese marco se encuadra el llamado dieselazo, que "no tiene un afán recaudatorio, sino para orientar, como nos marca la Comisión Europea, un cambio en la movilidad". Montero no quiere subir impuestos a las clases medias, sino para quienes ganan más. Y el impuesto al diésel "tiene sentido porque ya no tiene ningún sentido seguir manteniendo un tratamiento favorable respecto a la gasolina, porque no es mejor para el medio ambiente uno que otro".

Es decir, que no pretende recaudar más en las clases medias, sino "ser pedagógico en términos de fiscalidad", porque "sí es mejor que los ciudadanos compren otro tipo de vehículos y que la industria los promocione". En ese sentido, la ministra de Hacienda sacó pecho por el recientemente aprobado Plan Moves, por iniciativa del Ministerio de Industria, este martes en el Consejo de Ministros.