Se trata de una medida que está tratando Yolanda Díaz directamente con Pedro Sánchez, según fuentes cercanas a la negociación. Sin embargo, las comunidades autónomas temen el efecto que puede tener en sus cuentas esta iniciativa y reclaman que se negocie también con ellas. 

Así lo indican voces de regiones dominadas tanto por el PP como por el PSOE consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia. Denuncian que una subida del IPREM va a afectar a su gasto público de manera descontrolada. 

La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el centro, María Jesús Montero. Europa Press.

Por ello, reclaman que el alza se aborde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la conferencia sectorial en la que se reúnen el Ministerio de Hacienda y los consejeros de Hacienda autonómicos.

Consideran que ese es el foro en el que se tendría que discutir la idoneidad de subir el IPREM u optar por otras fórmulas para ayudar a los más vulnerables, pero que no generen perturbaciones de las cuentas públicas. 

El temor de las regiones tiene cierto fundamento. Este 2024 su déficit tiene que ser cero, según los objetivos de estabilidad. Por ello, elevar el IPREM puede llevarles a incumplir la meta fiscal.   

Lo que todavía se ignora es de cuánto será la subida que maneja el Estado. Yolanda Díaz quiere que el aumento sea al menos del 3%, ligeramente por debajo de la inflación media de 2023 (que estuvo en el 3,5%).

[Yolanda Díaz anuncia una subida del 3% del IPREM para ampliar el acceso y elevar la cuantía de las ayudas públicas]

Si fuera así, el IPREM mensual se pondría en los 618 euros (ahora mismo está en los 600 euros).

Sin embargo, el Gobierno no puede aprobar el aumento del IPREM por su cuenta. Esta medida se debe incluir en una norma con rango de ley para poder tramitarse. Es decir, que necesita el apoyo de la mayoría del Congreso.  

Normalmente, la subida se incluye dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, al haber renunciado el Ejecutivo a aprobar nuevas Cuentas este 2024, el Gobierno tendrá que ejecutarla mediante otra norma en tramitación, un proyecto legislativo propio o un real decreto-ley (que requiere también el aval del Congreso).

Cabe recordar que elevar el IPREM supone aumentar la cuantía y el acceso a determinadas prestaciones públicas. Y son numerosas. El IPREM anual marca el límite de ingresos para acceder a los avales del ICO para hipotecas para jóvenes y el mensual determina la cuantía del subsidio de desempleo.

Vivienda pública

Y no sólo afecta a ayudas estatales, sino a todas las Administraciones públicas. El IPREM marca el acceso a la vivienda pública y determina qué rentas pueden tener acceso a asistencia jurídica gratuita, a ayudas del alquiler, a becas y a un largo etcétera tanto en el ámbito del Estado como de las comunidades autónomas o los ayuntamientos.

Lo desconcertante es que el IPREM es un indicador que es decidido de forma absoluta por el Gobierno. Se aprueba sin que esté conectado con cambios en los indicadores de renta o cualquier otra estadística social o económica. Es decir, es totalmente arbitrario.

Elevarlo conducirá, irremediablemente, a un mayor gasto público en prestaciones de manera generalizada. Es lo que lleva ocurriendo desde que PSOE y Unidas Podemos llegaron al Gobierno.

Cuando la alianza de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegó al poder (con el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos), el IPREM estaba en los 537,84 euros mensuales. Desde entonces, ha subido todos los años hasta llegar a los actuales 600 euros al mes, es decir, un 11% más que en 2020.