El llamado invierno demográfico es un fenómeno que afecta a prácticamente todos los países del mundo, el 97% de los cuales experimentará una crisis de natalidad para 2100. Pero hay algunos, como España, en los que el declive de la tasa de fertilidad es especialmente inquietante.

En 2023 se registró en nuestro país un mínimo histórico en el número de nacimientos. Según el INE, nacieron en España 322.075 niños, casi 7.000 menos que el año anterior. Otro dato que da cuenta de la caída sostenida y acelerada de la natalidad es que desde 2008 la tasa de fertilidad se ha reducido más de un 40%.

Esto ha resultado en que España sea el segundo país de toda la UE (y el octavo del mundo) con la media de hijos por mujer más baja (apenas 1,16 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de relevo generacional de 2,1). La población menor de cuatro años sólo representa el 3,9% del total

El dato más elocuente de esta catastrófica tendencia es el retraso en la edad de maternidad, uno de los principales factores explicativos del desplome de las tasas de fecundidad. España es el país de Europa con la edad media más elevada para convertirse en madre.

Estas cifras resultan más sangrantes si cabe si se atiende al hecho de que en nuestro país ya hay más perros (9,3 millones) que niños menores de 14 años (6,6 millones), según el estudio realizado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía.

Sería ilegítimo aventurar, sin la corroboración científica preceptiva, una correlación negativa estricta entre el crecimiento de los hogares con mascota (el 40% del total en España) y la disminución de los hogares con hijos.

Pero a la vista de los testimonios de parejas con perros en adopción, como los que recaba hoy EL ESPAÑOL, parece plausible la tesis del recurso a los animales cuando las condiciones económicas, sociales y culturales se conjuran contra la procreación.

A la vista de factores como los de una mentalidad crecientemente animalista, unas redes sociales que auspician la omnipresencia de las imágenes de mascotas (sin que haya un comercio análogo de contenido audiovisual que despierte el deseo de tener hijos), y una creciente soledad entre los jóvenes que buscan paliarla con animales de compañía, no parece descabellado postular que muchos españoles puedan buscar en los perros lo que en otro tiempo habrían buscado en los niños.

Pero es evidente que, más allá de consideraciones psicológicas, un perro nunca podrá reemplazar a una persona en el aspecto más determinante para la sociedad: la supervivencia económica de nuestro país.

El saldo vegetativo negativo que acusa España se traduce en un envejecimiento demográfico que arroja una pirámide poblacional invertida. Y esto supone a su vez una seria amenaza para la sostenibilidad del sistema de pensiones, que cada vez tendrá más beneficiarios y menos contribuyentes. A lo que se suma la caída de la productividad propia de sociedades envejecidas.

A día de hoy, la población española sólo crece gracias a la inmigración. Pero la llegada de extranjeros sólo en parte compensa la menguante natalidad española. Y aumentos futuros en el número de inmigrantes, aunque ayuden, no podrán solventar por sí solos los problemas económicos aparejados a la baja fecundidad.

La gravedad de la situación exige que el problema de la natalidad ocupe un lugar prominente en la agenda política y en la conversación nacional. Es urgente que los poderes públicos tomen conciencia de la emergencia demográfica, y acometan políticas de fomento de la natalidad realmente efectivas.

No es posible revertir las transformaciones económicas y culturales de las últimas décadas que han llevado a la actual estructura social y a sus consecuencias demográficas. Pero sí llevar a cabo medidas que, si bien no logren aumentar las tasas de fecundidad, sí impidan que sigan cayendo.

El foco de las políticas públicas ha de dirigirse a corregir los problemas que dificultan formar una familia, como el retraso de la edad de emancipación vinculado al complicado acceso a la vivienda, o el elevado coste de la vida.

También aquellas medidas destinadas a mejorar la conciliación familiar y a erradicar la brecha de maternidad, haciendo que tener hijos no repercuta negativamente en la carrera laboral de las mujeres. Entre ellas, la ampliación de los permisos parentales o la universalización de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

Flexibilizar los trámites para la adopción y facilitar el acceso a los tratamientos de reproducción asistida también puede ayudar.

Pero la concienciación también debe cundir entre los ciudadanos. Junto a las medidas propiamente económicas, sería deseable que los poderes públicos impulsaran una labor pedagógica que, respetando siempre la libertad de elección y la decisión de no tener hijos, contribuya a forjar una cultura natalista en la que formar una familia deje de cotizar a la baja en la jerarquía de prioridades de los españoles