DNIs con falsa numeración, documentos idénticos entre varios presos, pruebas de acceso a la universidad realizadas varios años después desde el inicio de los estudios; 76 terroristas han sido denunciados por beneficiarse de reducciones de condena gracias a los estudios que cursaron con unos papeles que difícilmente podrían sostenerse no solo en el ámbito jurídico, sino también en el sentido común.
Las órdenes que la cúpula de ETA ha dado a los presos de la banda siempre han sido claras: ninguno de ellos, para reducir sus penas, podía participar en cualquier trabajo social o actividad que pudiese revertir en un hipotético beneficio para el Estado. Por eso, la única opción que les quedaba a los reclusos era cursar estudios universitarios que, a efectos del Código Penal, también suponía la reducción parcial de la condena. En concreto, y según estipula el CP en su artículo 100, "al recluso trabajador se abonará, para el cumplimiento de la pena impuesta, previa aprobación del Juez de vigilancia, un día por cada dos de trabajo". En este sentido, los estudios también se consideran trabajos.
El frente de cárceles de la banda, encargado de gestionar la situación de los presos, ha explotado esta posibilidad desde hace décadas. Poco ha importado que los miembros de ETA tuviesen estudios previos o no, porque, según la denuncia, recibían documentos falsos que les permitiesen acceder a los cursos. Estos se habrían desarrollado, fundamentalmente, en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea (UPV/EHU) y el Centro de Bergara de la Universidad a Distancia.
El colectivo de víctimas del terrorismo COVITE acaba de denunciar ante la Audiencia Nacional que al menos 76 presos de la banda utilizaron documentación falsa -en la que se acreditaba la realización de exámenes de Selectividad y las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años- para obtener redenciones de condena. COVITE ya había denunciado en otras ocasiones a algunos terroristas por el empleo de documentación falsa; en esta ocasión, sin embargo, presenta un dossier de 225 páginas en el que argumenta incongruencias en las reducciones de condena de 76 etarras por sus estudios.
Clases presenciales a las que no podía asistir
Entre los 76 presos denunciados figuran nombres como el de Inés del Río Prada, condenada a 3.828 años de prisión por su implicación en 24 asesinatos. La terrorista, miembro del comando Madrid, se matriculó en clases presenciales de Periodismo a las que no pudo asistir por estar en prisión, señala COVITE. Entre otras notas, llama la atención el 8 que Del Río obtuvo en Historia de España o el 2 en Derecho Político Español. La denuncia indica que el DNI presentado -99999177- es falso.
Resguardo de las calificaciones de Inés del Río con DNI falso.
Otro histórico etarra al que se refiere COVITE es Domingo Troitiño Arranz, alias Txomin, condenado por el atentado de Hipercor en Barcelona en 1987 (21 fallecidos). En su caso, la denuncia apunta varias incoherencias sobre su acceso a la carrera de Magisterio, tales como documentación falsa -DNI: 33333333- y procedimientos irregulares: destacan la ausencia de una acreditación que certifique la selectividad o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Resguardo de las calificaciones de Domingo Troitiño con DNI falso.
Ignacio Erro Zazu -condenado a 947 años por 4 asesinatos y otros delitos relacionados con el terrorismo- es otro etarra que redujo su pena gracias a sus estudios. El DNI presentado -99999215- cuenta, además, con el mismo comienzo de numeración que el de Inés del Río -99999177-. Otros presos con documentos parecidos son José Luis Elustondo -99999991-, Arantza Ezquizabel -99999190-, José Antonio Fernández -99999702-, Ángel Ibarra -99999191- o Karlos Ioldi -99999703-, entre otros.
Resguardo de las calificaciones de Ignacio Erro Zazu con DNI falso.
Sobre Gaztañaga Bidaurreta -37 años de cárcel por el asesinato de un policía y otros 68 años por otros casos-, la denuncia hace una mención especial: “En la sentencia del Tribunal Constitucional promovida por el alumno preso (…), en cuyo expediente aparecen graves incongruencias sobre la vía de acceso, el descuento por redenciones por trabajo y estudios fue de 12 años (sobre el límite de 30 años)”. Estas incoherencias a las que se refieren son, como en el caso de Troitiño, la ausencia de un certificado de selectividad o de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
DNIs idénticos entre dos presos
Según los documentos que acompañan a la denuncia -y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- buena parte de los terroristas habrían empleado DNIs falsos que poco se habrían esforzado en disimular: 33333330, 33333331, 33333332, 33333333, 33333334, 33333335 (…) 33333339 son algunos de los números que se presentaron para acceder a estos cursos. En otros casos figuran DNIs con una numeración más extensa que la correcta.
Otros presos, incluso, habrían presentado documentos idénticos. Es el caso de Mario Zapata Solano y Fermín Javier Urdiáin Ziriza, ambos, con DNI 18204140.
Además, se certifica que muchos se habrían examinado de las pruebas de acceso muchos años después de iniciar la carrera universitaria. Ramón Alaña, por ejemplo, aprobó la Selectividad en el año 2000, cuando comenzó los estudios en 1988; Ángel Luis Hermosa entró en la carrera en 1990 y no hizo la prueba de mayores de 25 años hasta 1991. Otros ni siquiera habrían llegado a realizar estos exámenes de acceso.
La denuncia incide en el peso que las decisiones del frente carcelario de ETA tendría sobre sus presos: “Cabe, dentro de las reglas de la sana crítica, considerar que 5 ó 6 presos etarras hubieran podido usar los documentos falsos o con irregularidades para redimir condena de forma individual. (…) Sin embargo, esa conclusión (...) difícilmente se puede sostener cuando son más de 75 los terroristas presuntamente implicados en ese delito de uso; fundamentalmente porque está probado en sentencias firmes que ETA controla y supervisa férreamente las decisiones sobre beneficios y redenciones penitenciarias”.
Comparecencia del rector de la UPV/EHU
Preguntados sobre este tema, desde la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea remiten a la comparecencia que su rector, Iñaki Goirizelaia, hizo en junio en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco bajo petición de PP y UPyD, después de que COVITE acusara a cinco miembros de ETA excarcelados de reducir sus penas con supuestos estudios universitarios irregulares. "No hay derecho a que se hagan esas afirmaciones", apuntó Goirizelaia, quien negó "de raíz" cualquier trato de favor hacia terroristas presos.
El rector añadió que siempre han colaborado con la justicia cuando esta se lo ha requerido, poniendo a su disposición "más de 500 expedientes" en los que no se encontró "ninguna tacha", "por mucho que se quiera hacer creer que existieron presuntas tramas".