Sin frente común, cada uno por su lado, los partidos constitucionalistas del Parlament han empezado este miércoles sus movimientos contra la propuesta de resolución presentada este martes por Junts Pel Sí (JxS) y la CUP. La cercanía de las elecciones generales impide aunar posiciones entre PSC, C’s y PP que, a pesar de compartir un objetivo común, insisten en marcar perfil propio en su rechazo al soberanismo.
A pesar de las diferencias entre los partidos, la estrategia de fondo parece ser la misma: dilatar al máximo la celebración del pleno extraordinario -en un principio previsto para la semana que viene- para que la propuesta de resolución se vote después de la primera sesión de investidura, fijada para el próximo lunes 9 de noviembre.
Una jugada burocrática del Partido Popular ha conseguido, de momento, paralizar la votación de la moción. Los partidos constitucionalistas han pedido una “petición de reconsideración” sobre la moción a la Mesa. Según el Reglamento del Parlament, la Mesa deberá responder en 4 días una vez reunida la Junta de Portavoces. Esta Junta de Portavoces, sin embargo, no se podrá reunir ya que los populares aún no se han constituido como grupo parlamentario y tienen de margen para hacerlo hasta el 5 de noviembre. Al no haber designado todavía un diputado que ejerce de portavoz no se podrá reunir la Junta de Portavoces, un órgano en el que están todos los partidos representados y que debe reunirse para motivar la respuesta a la petición de reconsideración.
Este miércoles tanto C’s como PSC han presentado peticiones a la Mesa para que no tramite la propuesta de declaración del proceso independentista. Ambas formaciones han solicitado, además, un dictamen previo de los servicios jurídicos del Parlament para que determine si el contenido de la propuesta se ajusta a la legalidad tanto en el fondo como en la forma. También se ha solicitado que se estudie la conveniencia del procedimiento de urgencia que se pretende emplear para aprobar esta moción.
El martes por la tarde hubo conversaciones entre los partidos constitucionalistas para aprobar un “acuerdo de mínimos” en el que, dejando a un lado los posicionamientos políticos, se pactara de manera genérica una defensa de las leyes, la constitución y la democracia. Las conversaciones, sin embargo, no prosperaron y este miércoles Inés Arrimadas no ha escatimado en reproches al grupo socialista, al que ha acusado de tener “complejos” y de “ambigüedad” respecto a los independentistas.