El expresidente de la Diputación de Alicante, el popular José Joaquín Ripoll, está a un paso de ser juzgado por corrupción. La jueza que instruye una de las piezas del llamado caso Brugal le ha procesado, junto con la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente (PP), y otras doce personas más por el amaño de contratos para la concesión y explotación del plan zonal de basuras de la Vega Baja, al sur de la provincia de Alicante. Entre los procesados también está el exportavoz del Partido Socialista en la misma diputación, Antonio Amorós, y a varios técnicos y empresarios.
El auto, que ha sido facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pone fin a una instrucción de más de ocho años y deja a los 18 procesados a las puertas de ser juzgados por prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida. Un nuevo revés judicial a los años de gestión del PP en semana negra marcada por la operación Taula y sus detenciones e imputaciones.
La jueza instructora ha llegado a la conclusión de que hay indicios que acreditan la existencia de una trama organizada en torno a cinco empresarios entre los que se encuentran Ángel Fenoll y Enrique Ortiz (que también está imputado en Gürtel) y que ha quedado documentado a través de una ingente documentación, seguimientos y grabaciones.
Dichos empresarios, relata en el auto, contaron con la ayuda y la colaboración directa e información de diversos cargos políticos y técnicos vinculados al consorcio de la Diputación de Alicante para “obtener favores” de la institución provincial que presidía el popular Ripoll. También cita entre las administraciones que habrían ayudado a los empresarios a los Ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de Horadada.
"dádivas a funcionarios y autoridades con competencia"
Estos favores, según ha informado el TSJ, se consiguieron “mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en contrataciones, y en concreto en el Plan Zonal XVII de Residuos de la Zona XVII, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2005 de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma Valenciana".
La juez ha archivado la causa respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de su participación en los delitos investigados.
Con este auto la magistrada instructora da traslado al fiscal y a las acusaciones para que en 20 días soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar el delito que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos. En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.