Una mala gestión del agua por parte de las administraciones y el cambio climático agravan la actual sequía que padece España, según la organización ecologista Greenpeace, que ha advertido de las "dramáticas" consecuencias ambientales, sociales y económicas que se van a registrar si no se toman medidas urgentes.
Esta organización considera que centrar la política hídrica en la oferta "ilimitada" de agua, cuando se trata de un recurso limitado y muy variable, "es un error con graves consecuencias medioambientales y sociales".
En una nota de prensa, la organización fija su posición ante este problema después de que se hayan conocido los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre la cantidad de agua almacenada en los embalses, que se encuentran al 39,3 por ciento de su capacidad.
Greenpeace ha observado que, a pesar que España es el país con más embalses por habitante del mundo, continúan los problemas de abastecimiento en el momento en que desciende el régimen de precipitaciones.
Advierte la organización conservacionista además de que las aguas subterráneas, con reservas estratégicas que almacenan hasta seis veces más agua dulce que todos los embalses peninsulares juntos, "tampoco se libran de la pésima gestión" del agua.
Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpeace, ha señalado en la misma nota que las medidas para combatir la sequía y la falta de agua se deben hacer durante los períodos húmedos, con soluciones aportadas por científicos y técnicos "y siempre manteniendo fuera a políticos e intereses que no sean el bien público".
La organización ha criticado además que los ríos se hayan convertido en "cloacas" donde terminan buena parte de los residuos urbanos e industriales, y que la profunda intervención de prácticamente todos los cauces ha provocado una pérdida del poder de autodepuración y regeneración natural de los ríos.
Esa intervención perjudica "seriamente" a las masas de agua y a los ecosistemas que dependen de ellas, según Greenpeace, que ha advertido de que la contaminación procedente principalmente de la agricultura y la ganadería industrial y la sobreexplotación ponen "en serio riesgo" las aguas subterráneas.
Concluye la nota de esta organización denunciando que la administración reconoce que existen más de 500.000 pozos ilegales, "pero se niega a tomar medidas y poner coto a este descontrol"