Los padres exigen por carta a Marzà que retire la imposición del valenciano en plena pandemia

La Confederación Valenciana de padres de alumnos (Covapa), ha mandado por carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSOE), y al consejero de Educación, Vicent Marzà (Compromís) una solicitud oficial para que paralice el calendario de implantación en Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional del valenciano como lengua vehicular. Un programa previsto para el curso 2021-2022.

En su carta afirman que el próximo 28 de febrero concluye el plazo tope para que los centros educativos de dichas etapas aprueben sus Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC). Un calendario que coincide con los problemas aparejados a la actual crisis sanitaria.

Consideran que este proceso llamado a "convertirse en un instrumento para la transparencia, la eficacia y el trabajo conjunto de los centros, las familias y la administración educativa” no puede darse en la actualidad. "Es más que evidente que la situación actual no posibilita condiciones adecuadas que favorezcan un proceso participativo del sector al que representamos".

Pandemia

Los padres aseguran que desde que se decretara el estado de alarma en marzo de 2020 "nuestra labor ha tenido que adaptarse a las nuevas y críticas circunstancias, provocando una restricción de la presencia de nuestros representantes en el centro educativo".Y por tanto, que no cabe "la información, debate, diálogo y posterior consenso" para implantar el nuevo sistema educativo.

Califican de “inoportuno el momento para llevar a cabo la implantación de los PLC, máxime si tenemos en cuenta su trascendencia e incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos e hijas, ya afectado por la crítica situación actual".

Sin desarrollo normativo

Como ha venido informando este diario, la aprobación de la Ley de Plurilingüismo se produjo al mismo tiempo que la moción de censura contra Mariano Rajoy. Así, los posibles recursos del Estado se difuminaron con la entrada de un nuevo Gobierno.

Los profesores y padres han estado pidiendo desde entonces un desarrollo de rango normativo inferior a la ley para conocer los extremos de la aplicación de ésta. Pero desde la Consejería de Educación no se ha desarrollado, según dicen, por temor a un recurso judicial.

Desde Covapa señalan a este respecto que no disponen "de una información precisa acerca de los términos en los que se han de elaborar los citados PLC, refiriéndonos a contar con una regulación precisa y oficial de cuestiones como los programas experimentales, exenciones, implantación secuenciada por niveles de las distintas etapas, porcentajes".

En este sentido, denuncian que carecen de todos aquellos factores que intervienen en su elaboración y que como determina la propia Ley, "habrá de ser acorde a las necesidades del contexto socioeducativo y demolingüístico del centro", aseguran los padres.

Se refieren a las posibilidades de flexibilización en la elaboración de los PLC han sido expuestas verbalmente en reuniones por parte de la Consejería de Educación "pero no están determinadas en ninguna norma sujeta a derecho y, por tanto, su reflejo en los PLC puede quedar al albur y no contar con el rigor necesario e imprescindible que ha de caracterizar todo acto administrativo".