Escritores, académicos, filósofos e incluso catedráticos de reconocido prestigio. Los profesores que se oponen a la Ley de Plurilingüismo aprobada por PSOE-Compromís-Podemos en la Comunidad Valenciana han comenzado a recabar apoyos fuera de la Comunidad, como un problema de trascendencia nacional.

Los profesores (Docentes por la Libertad Lingüística) advierten de que se está siguiendo la misma hoja de ruta que Cataluña en las últimas décadas. Con una ley de mínimos que se irá revisando y ampliando cada cuatro años.

Por ello, han decidido alertar por carta a relevantes figuras del ámbito intelectual español de que en el transcurso de unos años sólo se impartirá en castellano la asignatura de Lengua española en la Comunidad Valenciana.

Denuncian que se está perjudicando la adquisición de conceptos e ideas de cada materia por los alumnos en aras al objetivo prioritario de la imposición de una lengua minoritaria. En este sentido, ya hablan de una "generación perdida" que tendrá que competir con alumnos de otras comunidades en el acceso a la universidad y a los puestos de trabajo en condiciones de desigualdad.

Hoja de ruta

A partir del curso 2021-2022 estos profesores tendrán que impartir un mínimo del 25% de las asignaturas troncales (Matemáticas, Física, Química, Geografía, Historia, Biología) en valenciano: en toda la Comunidad y en todos los grados no universitarios. Sin progresividad y con independencia del "predominio lingüístico" (la lengua que se habla) de la zona en la que impartan clases.

Para ello, la Generalitat valenciana ha establecido la obligatoriedad de que cada centro educativo apruebe un Plan Lingüístico de Centro (PLC) este mes de febrero. Así, ha nombrado a unos "asesores" que dirigen el proceso con instrucciones verbales, sin desarrollo normativo de rango inferior a la ley, para que no sean recurridas judicialmente. 

Desde otro frente, las asociaciones de padres de las tres provincias agrupadas en Covapa han anunciado un "calvario" de recursos ante los tribunales, centro por centro.  

Los argumentos

Los profesores exponen varias razones educativas para recabar adhesiones a su causa. Argumentan que las experiencias más exitosas dan prioridad al aprendizaje y consolidación en la lengua materna antes de introducir otras lenguas. Y que una inmersión temprana "suele ocasionar serias interferencias castigando especialmente a los alumnos más vulnerables".

También, señalan que los profesores rara vez tienen el nivel requerido para impartir su asignatura con plena solvencia en otra lengua, lo que limita su acción docente. Y que la mayoría de los alumnos carecen del nivel lingüístico necesario para comprender los contenidos complejos en una lengua diferente a la suya materna.

Del mismo modo, piensan que aprender lenguas sin más no puede ser un objetivo pedagógico general. Y que cada asignatura es una nueva lengua a adquirir con su jerga particular y sus conceptos propios que ayudan a enriquecer la materna. En este sentido, exponen, por ejemplo, que resolver un problema matemático es, antes que nada, un proceso lingüístico. "No aprendes matemáticas en inglés, salvo que seas inglés", advierten.

Lesividad de la ley

A los profesores se les ha indicado verbalmente que en zonas de predominio castellano se puede hacer una aplicación de la ley atenuada "con el objetivo de limitar o reducir los daños y perjudicar lo menos posible al alumnado". Por eso no entiende que "se nos pide que apliquemos una ley incumpliendo algunas de sus directrices para no perjudicar demasiado a los alumnos, lo que es un disparate".

Argumentan que en una situación como la pandemia actual se está produciendo las peores cifras en materia de educación en la Comunidad Valenciana fruto del confinamiento, clases semipresenciales, grupos burbuja, padres y profesores confinados, direcciones saturadas. Por, o que consideran que no es el momento de su implantación

Afirman también que se va a tratar a los alumnos como cobayas, con "una ley sin desarrollo que es pura discrecionalidad" por lo que "toda la enseñanza se convertirá en un experimento" lastrado por la inseguridad jurídica del proceso.

Critican además que el mensaje que reciben de los asesores lingüísticos no es unitario incluso en el mismo municipio, por lo que se aplicarán modelos diferentes y aleatorios que perjudicaran la igualdad de oportunidades

Al mismo tiempo, califican la aplicación de la ley como "un intento de modificar artificialmente el mapa lingüístico por razones no educativas". De este modo, y haciendo uso de la terminología de la ley, califican su aplicación como un experimento de "ingeniería social", toda vez que lo que se busca es la "normalización lingüística". "Ahora no somos normales, nos deben cambiar, porque la ley pretende minorizar el idioma materno del 70% de los valencianos con una reducción del uso de el español a no más del 25% en el sistema educativo.

Como conclusión, expondrán ante los intelectuales el intento por parte de la Generalitat de generar "ciudadanos de primera y de segunda". Recuerdan que según el estatuto de Autonomía "gozan de la condición política de valencianos todos los ciudadanos españoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunidad Valenciana".

"Sentirnos más o menos valencianos o la plena integración no debería depender de hablar valenciano ni de adscribirnos a ningún tipo de creencias, costumbres, tradiciones o ritos. Como se afirma en el art. 3 de la Constitución: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla", añaden.