Los padres de alumnos de la educación pública valenciana agrupados en la confederación Covapa han mandado una circular a todas las AMPAs y APAS para que exijan a la Generalitat que “posponga" la imposición del valenciano en el próximo curso.
Quieren que en el seno del Consejo Escolar de cada centro "se paralice la implantación de los Planes Lingüísticos de Centro (PLC) en las etapas de educación secundaria, bachillerato y formación profesional” que han de ser aprobados antes del 28 de febrero.
Como ha venido informando este diario esos PLC suponen la aplicación del valenciano como lengua vehicular en el 25% de asignaturas troncales en todos los centros a partir del curso 2021-22.
No obstante, conscientes de que, en la mayoría de casos, los PLC serán aprobados por las direcciones y profesorado al margen de los padres y remitidos a la Consejería que dirigie el nacionalista Vicent Marzà para su aprobación final, ya plantean el paso siguiente. Los padres presentarán un recurso judicial centro por centro contra la Consejería.
No es la primera vez. Los padres ya ganaron una 'guerra judicial' en 2017, previa a la elaboración de la Ley, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumbó el mismo plan desarrollado mediante un decreto. Junto a ellos, ha surgido un colectivo de Docentes por la Libertad Lingüística que en diferentes comarcas aglutinan a miles de profesores.
Pandemia
Desde Covapa, su presidenta Sonia Terrero, afirma que se estará incumpliendo la propia ley “mientras no dispongamos de las condiciones e información necesarias para que, como recoge la propia Ley, sea un instrumento para la transparencia, la eficacia y el trabajo conjunto de los centros, las familias y la administración educativa”.
En este sentido, apelando a la situación extraordinaria de la pandemia, aconsejan a sus asociados que “se comunique a la Administración la advertencia de que en este centro no se ha podido cumplir el carácter participativo del proceso”.
“Es más que evidente que la situación actual no posibilita condiciones adecuadas que favorezcan la participación de las familias y, por tanto, será altamente improbable que se cumpla con dicho objetivo”, sostiene Covapa.
En 2019-2020 no se pudo abordar todo el temario. En éste tampoco hay previsión. "Y quieren que con esos déficits nuestros hijos empiecen el año que viene a estudiar en una lengua que no es la suya", señala Terrero.
Afirman que no ha existido información, debate, diálogo y posterior consenso en un proceso que ya se paralizó en marzo de 2020 a consecuencia de la pandemia.
Como le trasladaron por carta al propio presidente de la Generalitat, califican de “inoportuno” el momento para llevar a cabo la implantación de los PLC, máxime si tenemos en cuenta su trascendencia e incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos e hijas, ya afectado por la crítica situación actual.
Instrucciones verbales
El gran problema es que más allá de la Ley de Plurilingüismo, que no se recurrió por parte del Gobierno por coincidir con la crisis provocada por la moción de censura contra Rajoy, no ha existido desarrollo normativo que pudiese ser recurrido en el Tribunal Constitucional.
Todas las instrucciones han sido verbales y por parte de una figura nueva creada por el Gobierno valenciano y denominada “asesores lingüísticos” sobre programas experimentales, exenciones, implantación secuenciada por niveles de las distintas etapas o porcentajes.
Terrero se queja de que con estos planes lo único que está consiguiendo el Gobierno tripartito (PSOE-Compromís-Podemos) es abocar a los padres de la pública hacia la educación privada y concertada, donde la imposición del valenciano es más laxa.