Ya ha pasado más de un mes desde que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, admitiese en rueda de prensa la existencia en la Comunidad Valenciana de 233 casos de vacunaciones fuera de los protocolos de la "Estrategia" de vacunación nacional. Afirmó que 171 podrían estar “justificados” y otros 62 se investigarían. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada.

Ese mismo 2 de febrero el diputado alicantino José Juan Zaplana (PP) realizó varias preguntas al Botánico: De un lado, "¿quiénes eran los responsables políticos y técnicos de la administración de las vacunas contra la Covid desde el 27 de diciembre de 2020 hasta el 20 de enero de 2021? También quiénes ostentaban la responsabilidad cuando se efectuó la pregunta. 

Además, preguntó si constaba la Conselleria la desaparición de alguna dosis y detalles sobre fecha, lugar y responsables de su custodia. En ese contexto se pidió el listado completo de todas aquellas personas vacunadas sin pertenecer a los grupos prioritarios marcados por Ministerio. Y en especial, el personal funcionarial de la Generalitat.

Un día después, tal y como informó este diario, Barceló ordenó el cese de la directora de Salud Pública de Valencia por las vacunaciones irregulares. Elvira mensant había emitido un informe en el que afirma que carecía de instrucciones específicas de la Conselleria en caso de que hubiera dosis sobrantes de los viales de la vacuna de Pfizer.

Nuevos requerimientos

Ayer, el PP volvió a hacer preguntas a este respecto ante el silencio del área de Barceló: "En el ámbito de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y respecto a los altos cargos, cargos directivos y asesores de la misma", solicitan que se detalle ¿a cuántos se les ha administrado la vacuna del COVID-19?, ¿quiénes son?, ¿en qué fecha y lugar se le suministra?, ¿qué tipo de vacuna anti-Covid le ha sido suministrada?

En todos los casos se establece que "la respuesta deberá cumplir con las cautelas necesarias para dar cumplimiento a ley de protección de datos". Desde el PP no quieren que se utilice este hecho como excusa para que el Consell prosiga con su "política de opacidad".

Entre tanto, sigue pendiente la comisión de investigación parlamentaria por estos hechos que pidieron tanto el PP como Cs. En el registro de la iniciativa se incluían comparecencias de los responsables del plan de vacunación, y de las más de 200 personas entre "políticos, familiares, empleados del sector sociosanitario, etc. que según el presidente de la Generalitat se han saltado el protocolo".

El debate sobre esta comisión de investigación está previsto para el próximo pleno de las Cortes Valencianas en el pleno del 24 de marzo. No obstante, entre los socios del tripartito de izquierdas hay un intenso debate entre quienes quieren aplazar en la Comunidad una iniciativa que sí apoyan en otros ámbitos, como el Congreso de los Diputados. Ese es el caso de Compromís. 

Polémicas con AstraZeneka

El mismo diputado ha pedido a la consellera que explique la situación de la vacuna AstraZeneca en la Comunidad Valenciana tras los casos de posibles efectos adversos graves en Austria y Dinamarca y después de que otras comunidades autónomas hayan paralizado la distribución de ese lote de vacunación, como Andalucía. "No debería ir a remolque también en este tema como viene haciendo desde el inicio de la pandemia", ha advertido Zaplana a Barceló.

Desde el PP defienden que los ciudadanos quieren saber si hay localizadas vacunas de estos lotes que han generado esta reacción. También ha preguntado cómo va a proceder Sanidad y si se va a poner en contacto con las personas que ya han recibido esas dosis para hacer un seguimiento especial, ante los problemas de salud que están derivando en eventos trombóticos después de su administración.

"Estamos viendo desde el primer día cómo en la pandemia ha fallado la gestión en la Conselleria, ha faltado la previsión, no se hizo acopio de EPI, no se tenía control del índice de contagios, fallaron los protocolos, no hubo previsión, el sistema estuvo desbordado, faltaron los test en las pruebas PCR, los profesionales se han sentido maltratados, el caos en los protocolos... No queremos que vuelvan a fallar, que actúen y tome medidas", ha añadido.