La situación de colapso de los juzgados de lo Penal de Alicante se agravará si como se ha deslizado, la unidad de apoyo creada hace cuatro años se desmantela el próximo mes de junio. Y es que los planes del TSJ pasan por sustituirlo por dos nuevos tribunales especializados que lleven en exclusiva los asuntos menos graves de Violencia de Género, los que acceden a juicio rápido.
Desde la Conselleria de Justicia afirman que esta decisión no es de su competencia. Que los planes para prorrogar esa unidad de apoyo penal (5 bis) son semestrales y que cumplen en junio. Por lo tanto, si el TSJ mantiene los jueces de refuerzo en esta unidad, desde la Generalitat se mantendrán las plazas de funcionarios adscritos.
Las razones aducidas para suprimir ese juzgado de apoyo a lo Penal en Alicante se basan en que se ha reducido significativamente el número de casos pendientes en casi un 33%, de cerca de 9.000 casos pendientes hace cuatro años a los cerca de 6.000 de ahora.
Sin embargo, según explica el responsable de Justicia de UGT en la provincia, Juan Pedro Pelegrín, en esas estadísticas no se están contando las ejecuciones, que es lo que lastra la actividad judicial de los tribunales penales alicantinos. Según sus datos, en número 1 está citando a 13 meses vista; en 2 con 10 meses de retraso; el 3 a 24 meses; los 4, 7 y 8 a 18 meses; el 5 a 24 meses; y el 6 a casi 30 meses.
Ejecuciones
El problema más grave, asegura el sindicalista, es que cada año se resuelven muchas menos ejecuciones de sentencias de las que entran y hay una media de 2.000 ejecuciones sin resolver en esos ocho juzgados de la capital, "por lo que podríamos estar hablando de cerca de 16.000 trámites para aplicar condenas, cobrar multas o indemnizaciones o investigar la solvencia de los acusados, entre otras cosas", sostiene Pelegrín.
En todos los tribunales hay más ejecuciones por resolver para cerrar los expedientes que casos nuevos entran en el juzgado. Cada juzgado de lo Penal tiene dos gestores, cuatro tramitadores y un personal de auxilio. El juzgado de apoyo que se suprimirá en junio tiene 3 gestores, 4 tramitadores y dos funcionarios de auxilio, sin los cuales crecerán todavía más los retrasos.
Los sindicatos reconocen que crear dos nuevos juzgados de Violencia de Género, como pretende el TSJ, aligeraría la carga en un 20 o 25% de los casos, pero el grueso del retraso quedaría ahí. Y es que los juicios rápidos de violencia de género con acuerdo o conformidad que pasan a Penal se resuelven entre 15 o 20 días.
Soluciones parciales
Ante esta situación desde UGT explican que si se suprime el juzgado de apoyo y se crean los de Violencia de Género, "es imprescindible que se refuerce cada juzgado con al menos un gestor y un tramitador más para que no siga creciendo el número de ejecuciones vivas".
Otra de las causas de este colapso es la inestabilidad laboral de los funcionarios. En la Justicia valenciana, cerca de un 25% de los funcionarios son interinos. En los tribunales de lo Penal esa cifra aumenta hasta una media del 50%. Se dan casos, afirma Pelegrín, como el número 3 de Benidorm donde de los 21 funcionarios sólo cuatro tienen plaza.
"Es una situación generalizada. Es tal la carga de trabajo y los asuntos que no salen adelante que los funcionarios se queman y cuando cumplen el tiempo estipulado, piden otro destino. Se produce mucha rotación y cada funcionario nuevo que entra necesita un tiempo de adaptación. Con ello la acumulación de casos crece continuamente".
Así pues, concluye el sindicalista, mejorar la estabilidad laboral también supondría una mejora en la eficacia a la hora de ir reduciendo los casos y ejecuciones abiertas.