Los hosteleros de la provincia de Alicante no están dispuestos a aceptar que el Gobierno valenciano mantenga el toque de queda a partir del próximo lunes, cuando venza el decreto del estado de alarma y se acaben las restricciones vinculadas a él.

Hasta ahora Puig ha dicho que se levantará el cierre perimetral pero ha advertido de que habrá algunas limitaciones de derechos, como un toque de queda que actualmente es hasta las diez de la noche.

Esta operación, sin embargo, no parece fácil. El Gobierno central ya ha dicho que sin el estado de alarma será complicado mantener determinadas restricciones, y, en particular, la vicepresidenta Carmen Calvo hizo referencia específica al toque de queda que pretende impulsar Puig.

El presidente, de hecho, ya ha dicho que buscará primero el aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para tomar esta decisión, aunque será el Supremo quien tenga la última palabra sobre este tipo de medidas.

Así lo ha decidido el Ejecutivo, con una modificación legislativa que permite a las regiones mantener determinadas restricciones pero siempre bajo el criterio del alto tribunal español, que también se encargará de unificar el criterio en todo el territorio del Estado.

En este sentido, los sectores más afectados por el toque de queda, más concretamente la hostelería y el ocio nocturno, no solo no comulgan con la idea sino que están dispuestos a recurrirla "hasta el final".

"Creo que ya hemos tenido bastante", comenta el presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, César Anca. "Nosotros hemos mantenido desde hace meses que el cierre de la hostelería era arbitrario y lo seguimos pensando. Ahora necesitamos volver a trabajar a pleno rendimiento". 

En el primer trimestre de 2021 los servicios lideraron la destrucción de empleo en la Comunidad Valenciana, coincidiendo con la época de mayores restricciones por la dureza con la que golpeó la tercera ola. En total el sector perdió 25.000 puestos de trabajo. 

Ante esta situación hubo múltiples recursos ante el TSJ, que acabó desestimando las medidas solicitadas por los hosteleros para aplicar un principio de prudencia sobre la necesidad de limitar los contactos sociales.

No obstante, en uno de los fallos el tribunal autonómico indicaba que la decisión de mantener el cierre no impicaba que la Administración autonómica no tuviese que resarcir a los negocios en caso de que se estimasen los recursos. 

De hecho, los hosteleros alicantinos ya han presentado en la Delegación del Consell más de 2.500 reclamaciones patrimoniales por no poder trabajar. Tanto ARA como la patronal del ocio alicantino, Alroa, han dicho que recurrirán a los tribunales si se desestiman.