De la España radial a la periférica, y de la aspiradora de recursos a la armonización fiscal. Los mantras con los que el presidente valenciano, Ximo Puig, suele tratar de influir en los debates de política nacional tienen un recorrido cada vez más corto: el que Moncloa considera.

Los acontecimientos de la última semana, claramente perjudiciales para los intereses valencianos, parecen indicar que la sintonía entre el Gobierno y el líder del Consell tiene más que ver con cuestiones propagandísticas o de relato que con proyectos comunes.

De hecho, la condición de barón autonómico del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, suele durar hasta que se confronta las promesas con los hechos del Gobierno de España, de su propio partido. En esta última semana lo hemos podido ver dos ejemplos vitales para el futuro de la región: el agua y la financiación.

En el primer caso, existe un trasfondo político claro, con el apoyo que Puig ha brindado a Pedro Sánchez con los indultos a los presos independentistas, en contraste por ejemplo con el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, comunidad que propone el recorte del Tajo-Segura.

Esta fidelidad no ha tenido ningún efecto, más bien al contrario. Al PSOE nacional no le ha temblado la mano para posicionarse con Page en el Congreso, al avalar con su voto las nuevas reglas del trasvase pese a que Puig considera que la transferencia hídrica es "irrenunciable".

Y, aunque este sábado se vendió desde Presidencia que se estaba negociando los términos del recorte, lo cierto es que Moncloa ha dejado a Puig en el alambre y le ha provocado un problema en el sur de la Comunidad Valenciana, desde donde su principal rival, el líder del PPCV Carlos Mazón, quiere asaltar el Palau.

Más sangrante resulta el tema de la financiación, uno de los caballos de batalla del Gobierno del Botánico desde hace años. La ministra Montero se ha negado incluso a hacer una propuesta de reforma del sistema después de haber estado dando largas durante meses, con la excusa de que "no tendría suficiente consenso" por la negativa del PP.

El problema es que, de momento, tanto el propio Mazón (apadrinado directamente por el secretario general del PP, Teodoro García Egea) como barones del peso de Núñez Feijóo se han posicionado a favor de esta reforma, por lo que el relato de la ministra choca con el cortafuegos que han levantado los populares.

Ante esta situación Compromís, socio del PSOE en el Consell, ha exigido a Puig "que se plante", y los socialistas valencianos no han tenido más remedio que reclamar a Montero una propuesta, "haya o no consenso".

De nuevo, la realidad de Madrid -el Madrid donde gobierna su partido, no el que pretende confrontar con Ayuso- contra el relato de Valencia. La posición de Puig fuera de su feudo está en entredicho.