La Comunidad Valenciana crea una comisión para fijar el nivel de valenciano que exigirá a sus funcionarios

La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha constituido la comisión para el estudio y propuesta de los criterios generales que servirán de base para regular la acreditación del nivel de valenciano exigible en los procedimientos selectivos en el empleo público de la Administración de la Generalitat.

La nueva ley de Función pública, aprobada el pasadmo mes de abril por el Gobierno valenciano, establece entre los requisitos para participar en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública el de acreditar la competencia lingüística en valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes.

Dicha ley señala que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, el Consell aprobará, a propuesta de la Conselleria competente en función pública, la disposición reglamentaria que determine el nivel de conocimiento de valenciano exigible en el empleo público de la Comunidad Valenciana, previo informe favorable de la Conselleria competente en política lingüística.

Esta comisión, que funcionará como grupo de trabajo adscrito a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, presentará un informe con sus conclusiones y criterios, según señala la resolución que ha entrado en vigor este miércoles tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat.

La preside Emili Sampío Morales, subsecretario de Presidencia; tiene como coordinadora a Belén Cardona, subsecretaria de la Conselleria de Justicia; y como vocales a Miquel Soler, secretario autonómico de Educación; David Alfonso Jarque, director general de Función Pública, y Vicente Serra, subdirector general de Ordenación y Régimen Jurídico de la Conselleria de Justicia.

El resto se vocales son Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística; Eva Coscollá, subsecretaria de la Conselleria de Educación; Gemma Lluch, catedrática de Filología Catalana de la Universitat de València; Antoni Mas Miralles, profesor titular de Sociolingüística del departamento de Filología Catalana de la Universitat d’Alacant, y María Gracia Mateu, subdirectora general del Instituto Valenciano de Administración Pública, que actuará como secretaria.

El presidente de la comisión establecerá el calendario de sesiones, así como el sistema y método de trabajo, y adoptará las decisiones que considere adecuadas para la consecución del objetivo y finalidad de la misma, según señala la resolución de la Conselleria de Justicia.

La Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana exige ahora y por primera vez la lengua cooficial a todos los empleados públicos de la Generalitat Valenciana. El valenciano, que contaba hasta ahora como un mérito para optar a un puesto público, ha pasado a ser requisito lingüístico obligatorio.