Los 7.000 interinos en riesgo por no saber valenciano, como Javier con 24 años de servicio

Javier Zaragosí es técnico jurídico en la Conselleria de Vicepresidencia, Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Trabaja como interino para la administración desde 1997, pero podría perder su puesto de trabajo con el requisito lingüístico que acaba de introducir el Gobierno autonómico.

"Me puedo ir a la calle después de 24 años por no tener titulación en valenciano, incluso aprobando una oposición", advierte este empleado público. Desde 1997 ha aprovechado para seguir formándose. En la actualidad es licenciado tanto en Derecho como en Criminología. También se doctoró en Derecho y obtuvo dos máster, en Asesoría Jurídica de Empresas y en Dirección y Gestión de Centros Comerciales y Unidades de Negocio. Pero su nutrido currículum podría ser insuficiente.

La recién aprobada Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana exige ahora y por primera vez la lengua cooficial a todos los empleados públicos de la Generalitat Valenciana. El valenciano, que hasta ahora contaba como un mérito para optar a un puesto público, pasa a ser requisito lingüístico obligatorio. Tan solo resta decidir qué titulación se exigirá para cada área -algo que se determinará en los próximos meses-.

Examen de oposiciones a funcionario. EFE

El PP cifró este lunes en un total de 7.000 interinos -sin contar los del personal sanitario ni los del educativo- el número de empleados que podrían perder su puesto de trabajo por este cambio, al no contar con el nivel de valenciano suficiente. Y el de Zaragosí es uno de estos casos.

"Soy uno de tantos interinos de la administración valenciana, somos más del 40% del total, en algunas consellerias hasta el 50% de los trabajadores", relata el empleado. Como su nombre indica, ocupan los puestos de trabajo de forma interina hasta que se convocan Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para las plazas, y es en estos procesos en los que, por primera vez, el valenciano será ahora una exigencia para los aspirantes y no un valor añadido en sus perfiles.

Según relata Zaragosí, durante su trayectoria solo han salido "tres o cuatro procesos selectivos con las plazas muy limitadas". "No ha habido procesos selectivos de técnicos jurídicos a los que haya tenido opciones, y ahora, aunque aprobara la oposición, me quedaría fuera si no tengo el nivel suficiente de valenciano", detalla.

Relegado pese a hablarlo

El trabajador es natural de Valencia, pero castellanohablante. Comprende e incluso se expresa en valenciano, pero nunca se ha formado en la misma. "En mi época no se enseñaba, y ahora tendría que empezar de cero", cuenta.

"Es un gran sinsentido. Compromís pide que se exija un C1 -el antiguo Mitjà- para el puesto de 'técnico de grupo A', un nivel por encima del que piden para muchos empleados que trabajan de cara al público", afirma.

Opositores a un puesto fijo en Correos en la convocatoria de este domingo. EFE

El empleado subraya además que "existe un cuerpo de lingüistas por el que han de pasar todos los textos que elaboramos, y por los que seguirán pasando igualmente, por muy alto que sea el nivel de valenciano que finalmente se exija".

Javier Zaragosí es además delegado de CSIF, la única fuerza sindical de la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat Valenciana que ha rechazado el requisito lingüístico de la nueva ley "por entender que la imposición del mismo vulnera derechos y ocasiona confrontación".

"Pérdida de derechos"

"Desde el CSIF entendemos que el valenciano debe ser un mérito en la función pública, no una exigencia a priori que en lugar de fomentar el conocimiento del idioma provoque una pérdida de derechos y la imposibilidad de consolidar, promocionar, participar en procesos de movilidad o reingresar al carecer de dicho elemento", manifiesta la organización.

El sindicato subraya que "la Constitución es garante del derecho que asiste a los empleados públicos a hacer uso de cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana". A su juicio, "se debe garantizar el derecho a hablar y escribir en cualquiera de ellas en el ejercicio de sus funciones, siendo compatible este derecho con que se garantice también el derecho de los ciudadanos a utilizar cualquiera de las dos lenguas cooficiales".

"El conjunto de la ciudadanía tiene el derecho a que sus empleados sean los mejores en cada momento y que en su proceso de selección primen mérito, igualdad y capacidad profesional", subraya CSIF. El sindicato considera que este derecho "queda cuestionado por un condicionante lingüístico innecesario, carente de argumentación objetiva y dictado sobre la base de intereses políticos que en nada benefician la calidad del servicio prestado a los ciudadanos".