Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres han desarticulado una organización criminal, en la que se han detenido a siete personas, y la investigación de una más, en distintas provincias de España.
Se les atribuye la presunta comisión de los delitos de amenazas, extorsión, contra la libertad e indemnidad sexual (prostitución), blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los cinco registros domiciliarios se han llevado a cabo en las localidades de Madrid, Algeciras, Alicante, y Valencia, en los que se han intervenido dispositivos de almacenamiento digital, teléfonos móviles y equipos informáticos.
La investigación se inició hace más de un año, tras la interposición de varias denuncias ante la Guardia Civil de Cáceres por la supuesta extorsión que sus denunciantes habían sufrido a través de llamadas telefónicas y mensajería instantánea. Lo que tenían en común todos los denunciantes es que habían visitado previamente un portal web de contactos para contratar servicios sexuales. En las amenazas se veían incluso imágenes en las que aparecían armas de fuego, por lo que estas personas empezaron a temer por su vida y la de sus familias y decidieron dar parte a los agentes.
Jerarquía de la organización
La investigación ha permitido acreditar la existencia de una organización criminar perfectamente estructurada, que contaba con diferentes niveles jerarquizados. En el primer escalón se encontraban las operadoras, mujeres encargadas de vigilar y controlar a las mujeres prostituidas.
Las denominadas como operadoras eran las encargadas de fijar los precios de los servicios, la duración e incluso de gestionar directamente los anuncios de la página web de contactos. Las mujeres prostituidas estaban en España en una situación irregular y eran continuamente reubicadas en los diferentes pisos de los que disponía la organización.
El siguiente escalón estaba compuesto por hombres, encargados de extorsionar a los clientes tras alguna discrepancia ocurrida con las mujeres que ejercían el servicio. Los chantajistas exigían una compensación económica por el tiempo empleado y la no disponibilidad que había tenido la mujer para continuar prestando servicio a otros clientes.
Un tercer nivel estaba dedicado al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos, estando constituido por las denominadas mulas, personas contratadas para operar como titulares de las diferentes cuentas bancarias donde las víctimas ingresaban las cuantías económicas y, una vez se recibía el pago, extraían el dinero que era enviado a otras cuentas. Finalmente, y en un escalón superior, se encontraba al que se referían como jefe.
12.000€ por víctima
Para hacer más creíbles las amenazas, los extorsionadores elaboraban un perfil sobre las víctimas a través de la información que les facilitaban las prostitutas y las operadoras. Los clientes pensaban que la banda tenía todo tipo de información sobre ellos (direcciones, trabajo, datos personales e información de las propias citas). Posteriormente, los chantajistas procedían a la negociación de los pagos, llegan incluso a obtener hasta 12.000 euros de una sola víctima.
Durante el desarrollo de la operación, los investigadores han analizado numerosos anuncios en el portal web de contactos, cuentas de correo electrónico, movimientos de cuentas bancarias de diferentes entidades. La investigación ha concluido que el grupo criminal habría obtenido unos beneficios económicos superiores a los 800.000 €. Para blanquear el dinero realizaban transferencias internacionales a distintos países.
A la investigación, en la que han podido ser identificadas cerca de cien víctimas, se añadió la dificultad de que muchas de ellas no deseaban interponer denuncia, realizando los pagos por temor a que su familia y entorno cercano fueran conocedores de que contrataban este tipo de servicios.
Explotación de la operación
Bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cáceres, se han practicado un total de cinco entradas y registros en domicilios situados en Madrid, Algeciras, Alicante y Valencia. En ellos han sido intervenidos dispositivos de almacenamiento digital de datos, 9 teléfonos móviles y 7 equipos informáticos.
Finalmente, la Guardia Civil de Cáceres ha procedido a la detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial a siete peronas, y la investigación de otras más. Además, se ha llevado a cabo el embargo y bloqueo preventivo de las cuentas y productos financieros relacionados con la Organización Criminal, y se ha decretado prisión provisional para tres de los detenidos.