Un jurado popular ha declarado culpable de un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos a un cartero acusado de apropiarse de abundante correspondencia que le había sido entregada para su reparto en la ciudad de Alicante en el ejercicio de profesión.



El veredicto se ha alcanzado por siete votos a dos tras el desarrollo de la segunda sesión del juicio, que se inició este jueves en la Audiencia Provincial.



En la primera sesión de la vista, el procesado negó los hechos y sostuvo que no tenía ninguna relación con el almacén (concretamente una casa de aperos) situada en el municipio alicantino de Monforte de Cid donde la Policía Nacional encontró las cartas y los certificados no entregados.



El acusado se opuso también a alcanzar un acuerdo de conformidad ofrecido por la Fiscalía con la intención de evitar el juicio. En respuesta a ese ofrecimiento, el procesado insistió en defender su inocencia ante el tribunal.



El jurado, sin embargo, no ha dado credibilidad a su versión y ha considerado que el cartero obró con pleno conocimiento de los hechos al no distribuir las cartas que se habían puesto a su disposición con la encomienda de que las distribuyese.



Además, el jurado ha entendido que debía aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la causa comenzó a instruirse en 2016 y habrían transcurrido cinco años hasta la celebración del juicio.



De este modo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han modificado las penas solicitadas inicialmente para el acusado, de 3 años de privación de libertad hasta reducirlas a dos años.



La pena definitiva queda ahora supeditada al dictado de la sentencia. 

Los hechos

El acopio de esos envíos postales y cartas certificadas duró hasta el 9 de noviembre de 2016. En esa fecha agentes de la Policía Nacional registraron el domicilio del acusado, donde hallaron diez cajas de plástico con el anagrama de la empresa de Correos y Telégrafos.



Esos bultos contenían 158 avisos de llegada de entrega domiciliaria, otros 45 avisos en blanco y 67 cartas y sobres de suministros a nombre de diferentes personas y zonas de Alicante, según el ministerio público.



Los efectos requisados por los policías en el registro domiciliario fueron entregados después al jefe del sector de Distribución de Correos de Alicante para que procediese a su distribución. Así, los destinatarios pudieron recibir sus cartas, en algunos casos con años de retraso.

Existen precedentes de otros casos similares, algunos en la provincia de Alicante. Así, en 2017 un cartero fue condenado a un año de prisión por no repartir 226 cartas y paquetes en Torrevieja. La condena conllevó para el funcionario de Correos no poder ejercer en cuatro años y medio. 

Un año después, otro cartero fue condenado a dos años de prisión no repartir 3.272 cartas en Ibi (Alicante) y Ontinyent (en la provincia de València) en un juicio con jurado popular. Se supo que fue entre 2004 y 2015 cuando estuvo almacenando los envíos en un trastero de su domicilio.