Las incógnitas sobrevuelan en el misterioso caso del cartero que se apropiaba de la correspondencia que debía repartir. Un jurado popular tratará de dilucidar los hechos ocurridos en Alicante, que dejó más de un centenar de cartas y avisos sin entregar a sus destinatarios.
El juicio arrancará este jueves en la Audiencia Provincial de Alicante, señala el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y tratará de determinar la implicación de cartero acusado concretamente de almacenar abundante correspondencia privada que debía haber distribuido en el ejercicio de su profesión.
La Fiscalía ya ha solicitado para él una pena de tres años de cárcel por un presunto delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos, además de su inhabilitación para empleo y cargo público por un plazo de seis años.
De esta forma, si la Justicia determina la pena máxima para el acusado, podría acabar entre rejas al sobrepasar la pena de 24 meses que establece, en la práctica, el mínimo legal que determina la entrada o no en prisión.
En una casa de aperos
De acuerdo con el escrito de acusación inicial, el procesado fue supuestamente acumulando cartas en una casa de aperos situada en el municipio alicantino de Monforte del Cid (comarca del Medio Vinalopó) por causas que se desconocen.
Esta es una de las cuestiones que tratará de responder el jurado popular, la motivación del delito. Otra de las grandes preguntas es, desde cuándo estuvo sin repartir la correspondencia. De momento, se sabe que el acopio de esos envíos postales y cartas certificadas se prolongó en el tiempo hasta el 9 de noviembre de 2016.
Material encontrado
Fue precisamente en esa fecha cuando agentes de la Policía Nacional registraron su domicilio, donde hallaron diez cajas de plástico con el anagrama de la empresa de Correos y Telégrafos.
Esos bultos contenían 158 avisos de llegada de entrega domiciliaria, otros 45 avisos en blanco y 67 cartas y sobres de suministros a nombre de diferentes personas y zonas de Alicante, según el ministerio público.
Los efectos requisados por los policías en el registro domiciliario fueron entregados después al jefe del sector de Distribución de Correos de Alicante para que procediese a su distribución. Así, los destinatarios pudieron recibir sus cartas, en algunos casos con años de retraso.
Otros casos
Existen precedentes de otros casos similares, algunos en la provincia de Alicante. Así, en 2017 un cartero fue condenado a un año de prisión por no repartir 226 cartas y paquetes en Torrevieja. La condena conllevó para el funcionario de Correos no poder ejercer en cuatro años y medio.
Un año después, otro cartero fue condenado a dos años de prisión no repartir 3.272 cartas en Ibi (Alicante) y Ontinyent (en la provincia de València) en un juicio con jurado popular. Se supo que fue entre 2004 y 2015 cuando estuvo almacenando los envíos en un trastero de su domicilio.
También fue muy sonado el caso del cartero de Bruselas que fue despedido en 2013 por robar más de 500 cartas. El motivo del delito, la curiosidad. Y es que, según reconoció, se las apropió para leerlas en su casa.