El Hospital de San Juan de Alicante ha tramitado la muerte asistida para una alicantina que padecía esclerosis múltiple desde hace 20 años, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado a EL ESPAÑOL la asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana.
Se trata del primer caso conocido en la región y el segundo de España, después de País Vasco, tras la entrada en vigor de la ley de eutanasia el pasado mes de junio. La mujer, de 60 años de edad, se encontraba en una situación de gran dependencia y ya había expresado en reiteradas ocasiones su deseo de acogerse a este derecho.
La presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana, María José Alemany, explica que esta persona se había quedado viuda y que había pasado los últimos años en una residencia. "Tenía un tutor legal, que es quien impulsó la solicitud con el asesoramiento de la asociación", dice.
El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital de San Juan, donde la Conselleria de Sanidad le asignó un equipo médico.
Alemany asegura que el procedimiento fue "bastante ágil", pero que "aún así debería de haberse dado más información para los profesionales y la ciudadanía" porque la página de la Conselleria de Sanidad en la que se habla sobre el tema "es muy sucinta".
Debate contra tabú
Para la presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunidad Valenciana, "nuestra misión es vigilancia para que se cumpla la ley como corresponde", algo que "es posible que no pase en otras comunidades autonomas con gobiernos que se resisten más a la aplicación de la ley".
Así, dice, "en Andalucia no se ha nombarado la comisión de garantías y evaluación", un trámite necesario para poder cursar las solicitudes. En la Comunidad Valenciana este órgano se preparó de manera paralela a la tramitación de la ley. "De momento estamos expectantes por cómo se está desarrollando, pero hay muy poca información".
Alemany opina que normalizar la aplicación de este protocolo "es una cuestión de urgencia para muchas personas que lo necesitan y están absolutamente desesperadas". "No pueden decirte que agosto es un mes inhabil, porque para estas personas no existe un día inhabil", remata.
En la asociación indican que hay más casos en proceso o incluso puede que alguno que ya se haya llevado adelante pero no ha trascendido, porque al fin y al cabo "se trata de un tema que choca directamente con la confidencialidad de las personas".
Sí consideran que "hay que dar un paso para hablar de estas situaciones, que parecen un tabú y sin embargo forma parte de la vida". "Hay que esforzarse por naturalizar el tema, y ese paso lo puede dar la Admninistración dando por ejemplo estadísticas, sin nombre y apellidos. Así se demostraría que las leyes no son solo un papel, sino que se pueden cumplir. Y reconforta pensar que hay gente que ahora puede conseguir lo que lleva tantos años luchando", concluye Alemany.