La segunda reunión entre la Diputación de Alicante (gobernada por PP-Cs) y la Generalitat Valenciana (PSOE-Compromís-Podemos), después de la inaugural celebrada en enero de 2020, antes de la pandemia, no tratará dos de los temas fundamentales para la provincia. Ni agua ni infraestructuras.
Así se lo ha confirmado la Generalitat (Promoción Institucional y Cohesión Territorial) a la Diputación junto a un orden del día de los asuntos que se tratarán el próximo lunes sin presencia del presidente Ximo Puig. Así, en este orden del día se ha establecido: una dación de cuentas sobre la colaboración conjunta y el tema estrella de socialistas, nacionalistas y podemitas: los Fondos de Cooperación Municipal y líneas específicas para la lucha contra el despoblamiento y los municipios turísticos.
También, el Plan Resistir y las Ayudas Paréntesis aprobadas en la pandemia; el reparto de los fondos europeos. Y en cuarto lugar una de las tres reivindicaciones de la provincia, que anualmente tiene que pagar sin ser su competencia casi 14 millones de euros por los Servicios Sociales y la Salud Mental.
Además, se tratará la coordinación del Consorcio provincial de Bomberos con las Emergencias de la Comunidad Valenciana, el déficit Cultural de la provincia de Alicante, la centralización de los Servicios de Urgencias CICU en Valencia y la ley del Fondo de Cooperación.
Decepción
Para la provincia de Alicante es una decepción que un asunto tan fundamental como la pervivencia del trasvase Tajo-Segura, cada mes recortado por el Gobierno central de Pedro Sánchez en una estrategia de sustitución por la desalación, no se haya incluido en el orden del día.
Sobre todo porque Ximo Puig, que no acudirá a la cumbre, está ejerciendo de interlocutor con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en este asunto. Una interlocución que tiene soliviantados a los regantes de la provincia de Alicante.
Mazón quería proponer en este encuentro a la Generalitat establecer un frente común en la defensa del trasvase Tajo-Segura a la hora de argumentar los recursos para paralizar los recortes hídricos previstos por el Gobierno de España. No podrá ser, y si lo es, quedará como un tema secundario.
En cambio, se tratará ampliamente la entrada de Alicante en los Fondos de Cooperación Municipal de Puig. Aunque desde la provincia se reitera que ese asunto va supeditado a que la Generalitat asuma las competencias impropias en Salud Mental que actualmente paga la Diputación.
Y también, que se trate de imponer esa entrada por ley y sin tener en cuenta los argumentos de Alicante acerca del criterio poblacional, que perjudica a nuestros municipios más pequeños.