Un "trágala". Así se valora desde la Diputación de Alicante (gobernada por PP-Cs), la segunda reunión de coordinación con la Generalitat (gobernada por PSOE-Compromís-Podemos). Una reunión que pese a ser largamente esperada -desde enero de 2020-, se ha saldado sin ningún acuerdo y con una imposición: el Fondo de Cooperación Municipal.
El propio Carlos Mazón, presidente de la Diputación, ha valorado así la reunión a la que ni siquiera ha acudido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. "Quedamos a la espera", resumió el alicantino. Y es que para ninguna de las reivindicaciones alicantinas ha habido respuesta.
Ni siquiera para la reversión a la Generalitat de las competencias impropias en Salud Mental que cada año le cuestan a las arcas provinciales más de 12 millones de euros, una cifra similar a la que pretende detraer el Consell de las cuentas provinciales con su Fondo de Cooperación Municipal.
Atrás quedan las promesas de Ximo Puig de negociar con Mazón todas las leyes que afecten directamente a la Diputación alicantina. Sigue en tramitación la ley para imponer que las diputaciones paguen a partes iguales con la Generalitat el programa de financiación municipal. Tal y como se informó el pasado mes de marzo en una reunión telemática entre los mismos participantes: el director general de Administración Local, el socialista Toni Such y el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix.
De los demás temas, nada. Sobre el posicionamiento común en defensa del trasvase Tajo-Segura, al término de la reunión Mazón explicó que la Generalitat ha tomado nota y que ya le comunicará algo. El presidente de la Diputación ha reprochado a la Generalitat su "falta de contundencia" en la defensa del trasvase y ha insistido en formar ese "frente común". "Ya sabéis que mi valoración en este caso es que la Generalitat no se ha mostrado con toda la contundencia que yo quisiera como he dicho públicamente y en privado", ha mantenido.
Por su parte, la Generalitat ha respondido que las competencias en materia de gua le corresponden, y por ello, los recursos que se presenten a las decisiones del Gobierno central, de su mismo color político.
Sobre la infrafinanciación de los proyectos alicantinos por parte de la Agencia Valenciana de Innovación, que se recurra por parte de los perjudicados. Y sobre la centralización de las Emergencias Sanitarias (CICU) en Valencia, que ya contestarán.
En lo único que hubo cierto acuerdo fue en la gestión de los Fondos Europeos y subvenciones en Turismo, algo en lo que ya trabajan desde hace tiempo ambas administraciones.
Cs también responde
La vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, ha puesto sobre la mesa durante el encuentro de la Comisión Bilateral que “el desfase territorial abismal que existe en cuanto al reparto financiero del gasto público cultural de la Generalitat por provincias, con un claro y elevado desequilibrio de Alicante, que deja de percibir más de quince millones de euros al año, conforme a su población, en relación con las otras dos provincias”.
Parra ha detallado que solo en la gestión y financiación de los principales centros culturales, Marq, Mubag, ADDA e Instituto Gil-Albert, la institución provincial “asume un coste financiero de más de 12 millones de euros que no realizan las diputaciones de Valencia y Castelló porque en esas provincias el gasto para instalaciones y ofertas culturales similares lo asume la Generalitat”.
Por su parte, el diputado de Infraestructuras y portavoz del grupo Ciudadanos (Cs), Javier Gutiérrez, ha señalado al término de la reunión bilateral la importancia de un encuentro “que nos permite después de un año y siete meses trasladar de primera mano todas las reivindicaciones de este equipo de Gobierno de coalición sobre temas que van desde infraestructuras, agua o déficit cultural, hasta la imposición del Fondo de Cooperación y la negación a mantener un diálogo por parte de la Generalitat”.
Gutiérrez ha lamentado que, en este último asunto, “la situación está anquilosada. Hay un enrocamiento porque, por un lado, el Botànic no quiere ceder ante la obligatoriedad y, por otro, el PP tampoco renuncia a llevarlo al Tribunal Constitucional”.