La Comunidad Valenciana recibirá el 9,3% de la inversión estatal en 2022, un 0,7% menos del 10% que exigió Ximo Puig a Pedro Sánchez para equiparar esos fondos con el peso poblacional de la región.
Pero es que dentro de ese panorama, hay todavía uno más desolador: el de la provincia de Alicante que recibirá sólo 15% del dinero previsto en toda la Comunidad Valenciana situándose a la cola de la inversión per cápita en el ámbito nacional.
Ante esta situación, el presidente de la Diputación de Alicante y presidente regional del PP, Carlos Mazón, ha reaccionado levantando la voz pero ofreciendo colaboración al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para revertir la situación.
Mazón ha enviado una carta al jefe del Ejecutivo valenciano reiterándole su preocupación por "déficit del sistema de financiación autonómica" que afecta a la Comunidad. También, concluye, que los presupuestos previstos para la Comunidad suponen un freno para la inversión y recuperación.
Infrafinanciación
En este sentido, le propone "aunar esfuerzos" para que "los diputados y senadores de la Comunidad Valenciana presenten enmiendas a estos presupuestos y podamos incluir en dicho documento proyectos indispensables para nuestro futuro".
También le recuerda que había fijado tener una reunión antes del 9 de octubre, fiesta de la Comunidad, que no se produjo. Con cierta ironía, Mazón quiere pensar que han sido "problemas de agenda los que han impedido la reunión". Pero se muestra a disposición del presidente para tenerla en estos momentos en los que se trata la financiación.
"Considero que juntos podemos conseguir que la Comunidad Valenciana alcance los niveles de inversión que merecemos por población, una inversión justa sin ánimo de restar a nadie", concluye la carta.
Tal y como ha venido informado este diario, en la inversión por habitante la media regional es de 240 euros, la número 13 de España; en Alicante, sin embargo, con un censo de 1,8 millones de personas, apenas se superan los 100 euros, menos de la mitad. Y todo esto pese a representar el 34,1 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad y acoger al 36,8% de los ciudadanos.
Lo curioso del asunto es que Puig no ha rechistado frente al agravio del Ejecutivo central con Alicante. Más bien al contrario, ha intentado sacar rédito político prometiendo a utilizar parte de los Fondos Europeos de 300 millones de los que dispondrá la autonomía para impulsar políticas innovadoras y de movilidad para compensar a la provincia Alicante. Una promesa que no ha gustado en un ambiente de movilización contra estos presupuestos.